Estados Unidos advirtió este viernes a los migrantes que la patrulla fronteriza continuará vigilando los cruces irregulares, a pesar del cierre del Gobierno previsto para este fin de semana debido al agotamiento del presupuesto federal.
Blas Núñez Neto, subsecretario de Política Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), explicó en una rueda de prensa que el personal de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) seguirá protegiendo la frontera y los puertos de entrada, priorizando la seguridad nacional. Afirmó que la frontera no está abierta ni estará abierta a la inmigración irregular, sin importar el cierre de la Administración por la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos.
Núñez Neto también recordó que el Gobierno de Joe Biden ha endurecido las consecuencias para los cruces de migrantes indocumentados desde que se levantó la política de expulsiones conocida como Título 42 en mayo, la cual se aplicó durante la pandemia de covid-19. Actualmente, los migrantes venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos son devueltos a México, mientras que el resto son retornados a sus países y pueden enfrentar un veto de cinco años para volver a ingresar a Estados Unidos. Desde el 12 de mayo, más de 253,000 personas han sido deportadas a 152 países, según Núñez Neto.
El funcionario instó a las personas que deseen llegar a Estados Unidos a hacerlo de manera regular, solicitando una cita en línea para solicitar un permiso humanitario en lugar de cruzar la frontera.
A pesar de las nuevas políticas migratorias, la presión en la frontera no disminuye, ya que las autoridades estadounidenses detuvieron a 232,972 personas en agosto, la cifra mensual más alta en lo que va del año.
Según algunos medios, Estados Unidos y México habrían llegado a un acuerdo para ampliar las deportaciones de migrantes indocumentados varados en ciudades mexicanas fronterizas. La canciller mexicana, Alicia Bárcena, confirmó este viernes que su Gobierno está evaluando la implementación de vuelos de deportación a Ecuador, Venezuela y Colombia, que se sumarían a los existentes hacia Guatemala, Honduras y El Salvador.
