La palabra “irregular” dejó de describir una situación administrativa y comenzó a utilizarse como una condena moral. Con ella se borran derechos y se convierten seres humanos en cifras, olvidando que el propio ordenamiento chileno obliga al Estado a respetar y garantizar los derechos de los extranjeros conforme a la Constitución, las leyes y los tratados internacionales vigentes.
Por Braulio Jatar Alonso
Chile tiene un reto que ya no puede seguir afrontando desde el miedo. Cerca de 1,9 millones de personas extranjeras viven en el país, casi el 10% de su población, y unas 337.000 se encuentran en situación migratoria irregular. No hablamos de una presencia marginal, sino de familias, trabajadores, niños y vínculos construidos durante años.
Esta realidad coincide con una crisis demográfica que la política prefiere ignorar. En 2025, la fecundidad cayó a 0,99 hijos por mujer y el 45% de las comunas registró crecimiento natural negativo. Chile envejece y necesitará trabajadores, cotizantes y nuevas generaciones para sostener sus sistemas previsional, sanitario y de cuidados. La inmigración no es caridad. Es una necesidad estructural que debe gestionarse con orden, inteligencia e integración.
Durante los últimos años, parte de la casta política, algunos medios, conductores de opinión y ejércitos de cuentas en redes sociales se han lanzado a competir por explotar el miedo al extranjero. Así se alimentan la xenofobia, el racismo y la aporofobia. Porque casi nunca se persigue al extranjero poderoso: se persigue al pobre, al trabajador precarizado, a la mujer sola y al niño cuya familia no pudo vencer la burocracia.
La palabra “irregular” dejó de describir una situación administrativa y comenzó a utilizarse como una condena moral. Con ella se borran derechos y se convierten seres humanos en cifras, olvidando que el propio ordenamiento chileno obliga al Estado a respetar y garantizar los derechos de los extranjeros conforme a la Constitución, las leyes y los tratados internacionales vigentes.
Gabriel Boric tuvo la oportunidad de romper esa lógica. Su gobierno inscribió a 226.064 personas y empadronó biométricamente a 182.119. El Estado conoció sus identidades, huellas y fotografías, e incluso estudió una regularización acotada. Pero retrocedió. No fue falta de información, sino falta de coraje. La izquierda chilena levantó internacionalmente las banderas de los derechos humanos, pero no quiso pagar el costo político de defenderlas dentro de Chile.
José Antonio Kast tomó esa cobardía y la convirtió en matonaje institucional. Su gobierno exhibe vuelos de expulsión y contabiliza expulsados como indicador de éxito. El director de Migraciones ha anunciado que a los irregulares no se les permitirá trabajar y que se restringirán sus beneficios sociales. Un Estado puede controlar sus fronteras y ejecutar decisiones legales; lo que no puede hacer es fabricar una población sin trabajo, sin protección y empujada deliberadamente hacia la marginalidad.
La ley chilena permite privar de libertad a una persona únicamente para hacer efectiva su expulsión y por un máximo de cinco días. Sin embargo, la propia PDI ha reconocido que cerca de seis mil venezolanos con órdenes vigentes no pueden ser expulsados por falta de relaciones consulares. Cuando la expulsión no es materialmente posible, detener para intimidar deja de ser control migratorio y se acerca demasiado al abuso de poder.
En nuestro trabajo jurídico hemos debido acudir a los tribunales para defender a mujeres mayores, madres, trabajadores y familias tratadas como amenazas, aunque muchas hicieron cuanto el propio Estado les exigió para regularizarse. El problema no es solamente la irregularidad migratoria. También es la irregularidad moral de un Estado que demora, abandona y después castiga.
No se trata de fronteras sin reglas. Se trata de reglas sin crueldad. Chile debe decidir si administrará la migración con humanidad o si seguirá produciendo enemigos para alimentar campañas electorales. Frente a esa oscuridad, algunos seguiremos encendiendo la luz de la justicia.
