El presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno colombiano solicitará colaboración jurídica a Estados Unidos y Brasil para investigar a fondo la corrupción de la constructora Odebrecht y su relación con el Grupo Aval, un poderoso grupo empresarial del país.
El mandatario ordenó a la Cancillería utilizar todos los mecanismos de colaboración jurídica con los gobiernos de Estados Unidos y Brasil para determinar los daños y las reparaciones que la confesión del Grupo Aval causa al Estado colombiano.
El Grupo Aval, propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los hombres más ricos de Colombia, es el accionista mayoritario de Corficolombiana, empresa involucrada en los sobornos pagados por Odebrecht en el país para obtener el contrato de construcción de la carretera Ruta del Sol II, que conecta el centro con el norte de Colombia.
El viernes pasado, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó al Grupo Aval de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), por lo que el conglomerado acordó pagar 40 millones de dólares para resolver los cargos, mientras que Corficolombiana firmó un acuerdo de «enjuiciamiento diferido» y pagará 20 millones de dólares.
En medio de este conflicto, Petro criticó al exfiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, con quien tiene diferencias políticas, por su presunta relación con el caso como abogado del Grupo Aval, que incluye empresas financieras como el Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco AV Villas, Multibank y el fondo de pensiones Porvenir, entre otras.
El presidente expresó: «La red de corrupción en la Ruta del Sol tiene un agravante: un fiscal general de la nación fue abogado de la red previamente y recibió una comisión de éxito por una decisión oficial que se logró a través de un soborno a funcionario público de varios millones de dólares».
Según datos revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre de 2016, Odebrecht pagó sobornos en Colombia por 11 millones de dólares como parte de la red de corrupción en América Latina y África.
Sin embargo, durante la época de Martínez, la Fiscalía colombiana calculó que los sobornos de la constructora en el país ascendían a 84.000 millones de pesos (unos 20,8 millones de dólares actuales).
Ante esta situación, el presidente solicitó a la Fiscalía «reabrir los casos, si es necesario, del proceso Odebrecht-Aval y encontrar a los destinatarios de los sobornos».
Petro también agregó: «Los contratos entre Corficolombiana y el Estado colombiano deben ser revisados, comenzando por el contrato de estabilidad jurídica a la luz de la ley colombiana».
Corficolombiana, a través de la empresa Episol, es uno de los principales inversores en infraestructura vial en Colombia, con participación en concesiones de varias carreteras del país.
