El Gobierno de Nicolás Maduro ha expresado su solicitud a las empresas que han recibido autorización de Guyana para evitar la exploración y explotación de petróleo en un área marítima que Venezuela reclama como «no delimitada». Esta disputa entre ambos países se centra en la Guayana Esequiba, un territorio de casi 160,000 kilómetros cuadrados.
Venezuela considera que las licencias otorgadas por Georgetown son «absolutamente nulas y contrarias al Derecho Internacional Público». Por lo tanto, insta a todas las empresas privadas transnacionales a evitar cualquier actividad en esta zona marítima, ya que violaría sus derechos soberanos.
El Gobierno venezolano también acusa al Gobierno guyanés de asociarse con el Comando Sur de los Estados Unidos para llevar a cabo ejercicios militares no autorizados en la zona. Según Caracas, esta acción representa la mayor amenaza para la paz y estabilidad en la región del Caribe.
Venezuela ha enfatizado la necesidad de resolver esta disputa a través del diálogo directo entre las partes, ya que estas acciones generan riesgos significativos que deben ser disipados.
La Guayana Esequiba es una región rica en recursos naturales y minerales, y ha sido objeto de disputa entre Venezuela y Guyana durante mucho tiempo. La Corte Internacional de Justicia recientemente se declaró competente para tomar una decisión al respecto, pero Venezuela rechaza esta jurisdicción.
Guyana se basa en un laudo arbitral de 1899 que le otorgó el territorio, que en ese momento estaba bajo el dominio del Reino Unido. Sin embargo, Venezuela protestó esta decisión desde el principio y ha mantenido su reclamo a lo largo de los años.
Venezuela defiende que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el instrumento jurídico vigente que rige esta controversia y está depositado en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este acuerdo establece que las partes deben resolver la disputa territorial de manera satisfactoria, práctica y amistosa a través de negociaciones.
