Organizaciones no Gubernamentales (ONG) conformadas por ciudadanos migrantes venezolanos en España han instado al Gobierno de ese país, durante su presidencia de la Unión Europea (UE), así como a los actores políticos y sociales, a tomar medidas firmes frente a los patrones de persecución que se están repitiendo en Venezuela después de las elecciones primarias opositoras del 22 de octubre.
Estas ONG rechazan la investigación penal que ha iniciado el Ministerio Público (MP) contra miembros de la Comisión Nacional de la Primaria y de las juntas regionales encargadas de organizar el proceso electoral en los estados, tras las denuncias de «fraude» realizadas por altos dirigentes del chavismo madurismo. El MP ha citado a los mencionados miembros en calidad de «investigados» para el próximo 30 de octubre.
En una carta abierta, las ONG advierten que «recientemente se ha conocido que la Fiscalía de Venezuela pretende iniciar un proceso de persecución y judicialización del evento (…) por los supuestos delitos de ‘usurpación de funciones electorales’, ‘usurpación de identidad’, ‘legitimación de capitales’ y ‘asociación para delinquir’. Estas acusaciones constituyen una vulneración directa a los derechos establecidos en la Constitución».
ONG como Coalición por Venezuela, Refugiados sin Fronteras, Votojoven, Asociación Casa Venezuela, entre otras, expresan su profunda preocupación y hacen un enérgico llamado al Gobierno de España y a todas las instituciones democráticas para denunciar la vulneración de la Constitución de Venezuela y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Además, instan a defender el derecho al sufragio universal y libre como la máxima herramienta democrática del pueblo, y a transmitir a las instituciones europeas, en el marco de la Presidencia Española de la Unión Europea, la máxima preocupación por la vulneración de derechos democráticos básicos, como la libertad de asociación, la libertad de elegir representantes y el derecho al voto.
También solicitan que se exija al Estado venezolano el cumplimiento cabal de los acuerdos establecidos en Barbados el pasado 17 de octubre, incluido el respeto y reconocimiento del derecho de cada actor político de seleccionar a su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y de acuerdo con sus mecanismos internos.
Las ONG defienden las elecciones primarias por haber sido organizadas por un órgano de la sociedad civil para regular el proceso, por haberse llevado a cabo de manera autogestionada por actores civiles voluntarios y políticos, y porque no hubo restricciones de militancia en partido político para participar.
