Ser mujer y estar privada de libertad es duramente castigado en Venezuela. Las precarias condiciones de los recintos carcelarios se ven agravadas por la ausencia de políticas de asistencia, la violación de derechos humanos y el retardo procesal. En este país, ser una mujer recluida en una cárcel implica un abandono sostenido por parte del Estado.
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), destaca que las necesidades de las mujeres en condiciones de reclusión son violentadas e ignoradas. Poco se sabe de las condiciones de las más de 2 mil mujeres que forman parte de la población penal de Venezuela, donde el descuido y el hacinamiento marcan su día a día.
En Venezuela, solo existe una cárcel exclusiva para mujeres y 16 anexos femeninos adosados a las prisiones masculinas. Estos lugares son testigos de las precarias condiciones del sistema de reclusión femenino. Las mujeres representan solo el 8% de la población carcelaria del país, lo que provoca que sus necesidades específicas sean ignoradas.
Un informe publicado por el OVP en 2021 revela que la mayoría de las mujeres encarceladas en Venezuela son madres solteras y el 70% tienen más de dos hijos. Además, el 16% de las detenidas son adolescentes y casi el 60% tiene entre 25 y 45 años.
El pasado 25 de octubre se realizó un operativo en la cárcel de Tocuyito, estado Carabobo, para desmantelar el control que ejercían las bandas criminales en ese recinto penitenciario. Más de 8 mil funcionarios se desplegaron para tomar el control de una de las prisiones con mayor población reclusa del país. Sin embargo, durante la operación no se tomó en cuenta la situación de las mujeres recluidas en dos anexos de la cárcel. Según registros del OVP, estos dos recintos tienen un hacinamiento en riesgo crítico del 246%. En ellos están recluidas 293 mujeres, 243 de ellas en el primer anexo y 50 en el segundo.
Las condiciones en estos anexos son similares a las del resto del país. Las mujeres carecen de acceso a agua potable y de productos básicos de higiene personal y menstrual, como toallas sanitarias, jabón y champú. Además, se han documentado casos de enfermedades como escabiosis, prolapso uterino y tuberculosis, y las reclusas deben recibir automedicación por parte de sus familiares debido a la falta de insumos médicos dentro de la prisión.
La alimentación en ambos anexos es escasa o nula, y las privadas de libertad son constantemente víctimas de torturas y maltratos por parte de los funcionarios y de la población reclusa. Se han documentado casos de violencia, incluyendo actos de violencia sexual. Además, varias mujeres menores de 50 años padecen cáncer, incluyendo cáncer de mama o de cuello uterino, y no reciben la atención médica necesaria.
El sistema penitenciario venezolano no cumple con las necesidades específicas de las mujeres en prisión. Existe una falta de personal capacitado y especializado para atenderlas, así como una insuficiente alimentación, falta de atención médica integral y de programas de reinserción social. Además, las mujeres privadas de libertad pierden el contacto con el mundo exterior, ya que las visitas conyugales se obstaculizan y las visitas de niños y adolescentes son complicadas.
La violencia contra las mujeres en las prisiones muchas veces pasa desapercibida por temor a represalias. En marzo de 2021, la ONG Una Ventana a la Libertad denunció el asesinato de una reclusa que se negó a ser violada por un funcionario policial. Sus compañeras de celda denunciaron que este tipo de hechos son frecuentes.
En resumen, las mujeres privadas de libertad en Venezuela enfrentan condiciones precarias en las cárceles del país. La falta de políticas de asistencia, la violación de derechos humanos y el retardo procesal agravan aún más su situación. Es urgente que se preste atención a sus necesidades específicas y se tomen medidas para mejorar sus condiciones de vida dentro de las cárceles.
