La ministra para el Servicio Penitenciario, Celsa Bautista Ontiveros, confirmó la intervención del Internado Judicial de Trujillo, que comenzó la noche del martes 7 de noviembre con el despliegue de unidades militares al lugar.
En su cuenta de la red social X, la funcionaria mostró imágenes de los reclusos de la sexta cárcel que el Ejecutivo de Nicolás Maduro interviene desde el pasado mes de septiembre, tras los operativos en Tocorón (Aragua), Tocuyito (Carabobo), Puente Ayala (Anzoátegui), La Pica (Monagas) y Vista Hermosa (Bolívar).
“Nos encontramos en la Operación Cacique Guaicaipuro desplegado en el Internado Judicial de Trujillo, realizando el traslado de cada uno de los privados de libertad que se encuentran en este recinto”, posteó Bautista Ontiveros la mañana del miércoles 8 de noviembre.
Destacó que estos privados de libertad pasarán al “régimen penitenciario”, la política de control y administración de cárceles que ejecuta el gobierno, pero que no había llegado a estas seis cárceles, donde el control la tenían los pranes.
“La población penitenciaria pasará a establecimientos con régimen penitenciario, donde les garantizaremos sus derechos humanos a través de la atención médica, integral y jurídica”, añadió la funcionaria.
No se dio a conocer cuántos reclusos había en el Internado Judicial de Trujillo ni a qué cárceles los trasladarán.
“Una vez que el privado de libertad es trasladado hacia un centro penitenciario, bajo la supervisión de los funcionarios de custodia, se les da el derecho de una llamada para comunicarse con sus familiares, donde además se les informa el nombre del establecimiento, horario, etc”, explicó un día antes la ministra.
ONG y familiares atentos en Trujillo
Organizaciones como el Observatorio Venezolano de Prisiones y Una Ventana a la Libertad, que se dedican a la defensa de los derechos de los privados de libertad, cuestionan que estos traslados solo incrementarán el hacinamiento en el resto de las cárceles a las que los envían, aunque sea de forma temporal.
“En la cárcel de Trujillo permanecen los familiares, quienes temen porque hay privados de libertad que pueden optar a medidas alternativas de pena y medidas cautelares, y los traslados a otros estados impedirían que puedan salir en libertad”, dijo este miércoles el OVP.
Detallaron que al menos 500 reclusos de este internado judicial fueron trasladados al patio central de las instalaciones como parte de la intervención.
“Familiares aseguran que ya los pranes salieron del penal y se mantienen atentos a cualquier eventualidad”, dijo esta ONG que en anteriores operativos afirmaron que el gobierno negoció con los pranes para realizar las tomas sin violencia.
Esta cárcel la controlaba Álvaro Enrique Montilla Briceño, alias “El Loro”, quien cobraba una cuota fija de extorsión a los internos.
“El Loro” está preso en la cárcel trujillana desde el 28 de junio de 2008, por tráfico de drogas. Al igual que los demás pranes de las cárceles ya intervenidas, cumplió su condena en 2009, pero se niega a desalojar el penal porque desde allí controla una estructura delictiva dedicada especialmente a la distribución de drogas dentro y fuera de las rejas.
