La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó la representación del país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el 15 de noviembre para responder a las objeciones planteadas por Guyana respecto al referendo consultivo sobre el Esequibo, programado para el 3 de diciembre.
Durante su exposición ante los jueces, Rodríguez defendió el derecho a la realización de la consulta popular, argumentando que está prevista en la Carta Magna venezolana (artículo 71) y respaldada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que declaró la constitucionalidad de las cinco preguntas que los electores venezolanos deberán responder.
«El referendo es un todo único e indivisible, representa las diversas visiones y aspiraciones de la sociedad. Los venezolanos tenemos derecho a consultarnos y escucharnos, nadie puede negar o fraccionar este derecho. El Estado venezolano no dará la espalda a lo que el pueblo decida en la consulta», advirtió Rodríguez en La Haya.
La representante venezolana destacó que el país ha sido respetuoso del Acuerdo de Ginebra de 1966 y del derecho internacional, y que estas posturas están reflejadas en las preguntas del referendo consultivo. Además, señaló que Venezuela no reconoce la jurisdicción de la CIJ como vía amistosa para una solución práctica y satisfactoria entre ambas naciones.
Rodríguez acusó a Guyana de intentar transgredir el orden nacional y promover un cambio en el sistema político venezolano, mediante acciones «intervencionistas y temerarias» como solicitar a la CIJ detener el referendo consultivo.
En sus declaraciones a la prensa después de la audiencia, Rodríguez manifestó su satisfacción por haber desmontado las «patrañas, mentiras y manipulaciones» del gobierno de Guyana. Asimismo, reiteró que Venezuela no cederá su soberanía ni su integridad territorial.
Por su parte, el abogado de Venezuela, Makane Moide Mbengue, aclaró a la Corte que el país es respetuoso del derecho internacional y no recurrirá al uso de la fuerza para hacer valer la decisión del referendo consultivo.
Guyana presentó sus argumentos contra la consulta popular el 14 de noviembre ante la CIJ. Sostuvo que el referendo consultivo está diseñado para socavar la autoridad de la CIJ antes de su decisión sobre la validez del Laudo Arbitral de París de 1899, y para tomar medidas unilaterales como la anexión del territorio en disputa mediante la creación del estado Guayana Esequiba.
Expertos estiman que la CIJ debe pronunciarse sobre la solicitud de Guyana antes del 3 de diciembre, día de la consulta popular. Descartan que la CIJ dicte una medida para evitar el referendo y en su lugar, podría exhortar a las partes a abstenerse de acciones que agraven la controversia territorial mientras se lleva a cabo el juicio.
Tanto Venezuela como Guyana serán citados nuevamente por la CIJ para anunciar su decisión.
