Disidir contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela puede llevar a ser acusado de un delito injustamente. En el país, las detenciones por motivos políticos son frecuentes y más de 300 personas siguen encarceladas. Desde 2014, más de 15.810 personas han sido detenidas de manera arbitraria y más de 9.000 tienen procesos judiciales en curso, según datos de la organización Foro Penal, que defiende los derechos de los presos políticos.
El presidente del comité ejecutivo de la organización Súmate, Roberto Abdul-Hadi, es el más reciente detenido por razones políticas. Fue arrestado la noche del 6 de diciembre, junto con otros 13 dirigentes opositores, como parte de órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía. Las acusaciones contra Abdul-Hadi y otros perseguidos incluyen «conspiración, traición a la patria, legitimación de capitales y asociación para delinquir», delitos comunes para aquellos arrestados por motivos políticos en el país.
A pesar de la represión política en Venezuela, los organismos internacionales han condenado las detenciones arbitrarias por motivos políticos en el país. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU han presentado informes que muestran violaciones a los derechos humanos y ataques al espacio cívico y democrático en el país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha condenado las restricciones al derecho a la participación política y a la libertad de asociación en Venezuela. La organización ha declarado que el Estado debe garantizar el pluralismo en la dirección de los asuntos públicos y permitir el ejercicio de la protesta pacífica.
Amnistía Internacional ha identificado patrones en las detenciones arbitrarias en Venezuela. Estos incluyen detenciones sin órdenes judiciales, imputaciones de delitos con un amplio margen de discrecionalidad, limitaciones al acceso al derecho a la defensa, uso de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, dilaciones indebidas de periodos de investigación y uso de tribunales especiales con competencia en terrorismo para enjuiciar a los detenidos.
En el caso de Roberto Abdul-Hadi, el Foro Penal denunció su desaparición forzada y la falta de acceso a una defensa privada. Durante su audiencia de presentación, la cual se llevó a cabo en secreto, no se informó a sus familiares ni a sus abogados sobre su lugar de reclusión.
Las detenciones arbitrarias y la represión política en Venezuela han llevado a la Corte Penal Internacional a investigar presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país. A pesar de los recursos del gobierno para frenar la investigación, más de 8.900 víctimas de violaciones a los derechos humanos han solicitado que la investigación continúe.
En resumen, las detenciones por motivos políticos en Venezuela son frecuentes y violan los derechos humanos. Organismos internacionales han condenado estas detenciones y han instado al gobierno a respetar el espacio cívico y democrático en el país. Amnistía Internacional ha identificado patrones en las detenciones arbitrarias, y el caso de Roberto Abdul-Hadi destaca la falta de acceso a una defensa privada y la desaparición forzada de los detenidos. La Corte Penal Internacional ha iniciado una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en el país.
