El mes de enero de 2024 comenzó con protestas de los trabajadores, incluyendo a los educadores, exigiendo mejoras salariales. El gobierno de Nicolás Maduro ha respondido rápidamente, enmarcando los reclamos como parte de un supuesto plan conspirativo para derrocarlo.
Durante la presentación de su memoria y cuenta, Maduro mencionó que uno de estos planes iba a ser ejecutado el 1 de enero, pero fue frustrado por los organismos de inteligencia.
El 18 de enero, Maduro anunció el plan «furia bolivariana», que incorpora a cuerpos policiales y militares para neutralizar cualquier «intentona terrorista» que busque desplazarlo del poder. Esta medida ha sido considerada «predecible» por politólogos consultados, quienes afirman que el gobierno busca intimidar a la sociedad y desmovilizar el voto opositor en un año electoral. Sin embargo, también se destaca la importancia de las negociaciones en curso.
El gobierno ha implementado una estrategia intimidatoria a través de la Asamblea Nacional, como la ley que regula y fiscaliza a las Organizaciones No Gubernamentales, la cual viola el derecho a la libre asociación en Venezuela, según la politóloga Isabella Picón.
Maduro ha encargado el plan «furia bolivariana» a Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Esto se suma a las Unidades de Paz (Upaz), anunciadas antes de las elecciones primarias de la oposición, que tienen como objetivo frustrar posibles intentos desestabilizadores.
Según el politólogo Piero Trepiccione, Maduro está consciente de su bajo apoyo popular y busca romper la fuerza de una candidatura opositora con alta intención de voto. Trepiccione considera que las medidas anunciadas forman parte de una estrategia de intimidación y que el miedo es clave para movilizar o desmovilizar a la ciudadanía.
Se estima que la oleada represiva escalara a medida que se acerquen las elecciones presidenciales, programadas para el segundo semestre de 2024. El gobierno busca evitar que las protestas de los trabajadores se vuelvan inmanejables y ha enviado señales de «tolerancia cero» a las manifestaciones. Sin embargo, se espera que las negociaciones continúen como muro de contención a las amenazas de represión.
En este contexto, Cabello anunció un conjunto de acciones para desplegar el plan «furia bolivariana», que busca enfrentar cualquier intento terrorista. Se espera que estas medidas tengan un impacto en el deseo de cambio de la población, que según encuestas, alcanza el 80%.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social advierte que las medidas tomadas por el gobierno están enmarcadas en la doctrina de seguridad nacional, lo que implica que cualquier ciudadano que intente hacer contraloría social, exija y defienda derechos humanos o exprese críticas al gobierno es identificado como enemigo interno.
En resumen, el gobierno de Maduro ha respondido a las protestas de los trabajadores con el anuncio del plan «furia bolivariana», que busca neutralizar cualquier intento de desplazarlo del poder. Los politólogos advierten que estas medidas forman parte de una estrategia de intimidación en un año electoral y se espera que la represión aumente a medida que se acerquen las elecciones presidenciales. Sin embargo, las negociaciones en curso podrían servir como un muro de contención a estas amenazas de represión.
