Cuatro magistrados que en el pasado tuvieron afiliación al chavismo están al frente de salas en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela. Según el informe «Suprema Injusticia» de Transparencia Venezuela, dos de ellos tienen vínculos estrechos con la primera dama Cilia Flores, mientras que otros dos están sancionados por el gobierno canadiense por su presunta implicación en violaciones de derechos humanos y corrupción en el país.
Estos magistrados, a pesar de que la ley establece que deben renunciar a su militancia política para ser elegibles en el Poder Judicial, han generado dudas sobre su independencia y su relación con el gobierno venezolano. De acuerdo con el artículo 263 de la Constitución, los requisitos para ser magistrado son: tener nacionalidad venezolana por nacimiento, ser ciudadano de reconocida honorabilidad, ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación y haber ejercido la abogacía durante al menos 15 años, o haber sido profesor universitario en ciencia jurídica durante al menos 15 años, o ser o haber sido juez superior en la especialidad correspondiente a la sala para la cual se postula, con un mínimo de 15 años en el ejercicio de la carrera judicial. Además, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece otros ocho requisitos adicionales.
A continuación, se presenta el perfil de los presidentes de las seis salas que conforman el TSJ:
1. Sala Constitucional – Tania D’Amelio: Nacida en Italia, es abogada y exrectora principal del Consejo Nacional Electoral. Aunque su nacionalidad no cumple con el requisito constitucional de ser venezolana por nacimiento, podría encajar en una excepción establecida en la Constitución para los venezolanos por naturalización que ingresaron al país antes de los siete años de edad y residieron permanentemente hasta alcanzar la mayoría de edad. Ha sido sancionada por Canadá y Estados Unidos por su presunta participación en acciones antidemocráticas.
2. Sala de Casación Social – Edgar Gavidia: Abogado egresado de la Universidad Santa María, militó en el Movimiento Quinta República y ocupó la vicepresidencia del Cabildo Metropolitano de Caracas. Su relación con la primera dama Cilia Flores ha generado dudas sobre si ha renunciado a su militancia política, como exige la ley para ser magistrado. Además, ha sido señalado por atentar contra la vida de su esposa.
3. Sala Político Administrativa – Malaquías Gil: Nacido en Trujillo, es abogado y tiene estudios de postgrado en derecho laboral y seguridad social. Fue diputado nacional por Trujillo y se desempeñó como contralor municipal. A pesar de estar sancionado por Canadá, tiene en sus manos la decisión sobre la habilitación de la opositora María Corina Machado.
4. Sala de Casación Penal – Elsa Gómez Moreno: Vicepresidenta de esta sala, fue jueza titular superior penal y jueza provisoria de casos relacionados con delitos asociados al terrorismo. Es conocida por haber solicitado la extradición activa del dirigente opositor Leopoldo López.
5. Sala de Casación Civil – Henry Timaure Tapia: General de División del Ejército, fue destituido del cargo de presidente de la Corte Marcial y del Circuito Judicial Penal Militar en 2017. Antes de su destitución, firmó la anulación de una sentencia del tribunal militar segundo accidental de Maracay.
Estos perfiles ponen en evidencia la presencia de magistrados con vínculos políticos y sanciones internacionales en el TSJ de Venezuela, lo que plantea interrogantes sobre la independencia de sus decisiones.
