La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una condena el miércoles 31 de enero contra las inhabilitaciones políticas impuestas a opositores venezolanos. En un comunicado publicado en su sitio web, la CIDH calificó estas decisiones como características de regímenes autoritarios.
Entre los casos mencionados se encuentran los de María Corina Machado, candidata presidencial de la plataforma unitaria democrática, y Henrique Capriles Radonski, exgobernador de Miranda y dos veces candidato presidencial. Ambos fueron condenados por la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a una prohibición de 15 años para postularse a cargos de elección popular.
La CIDH afirmó que estas decisiones contribuyen a un ambiente de persecución que desalienta la participación ciudadana en asuntos de interés público. Además, destacó que el sistema judicial venezolano no es independiente ni imparcial y ha jugado un papel significativo en la represión de opositores al gobierno. También señaló que estas inhabilitaciones anulan la posibilidad de realizar elecciones presidenciales libres, justas y competitivas en 2024.
El organismo, que forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, instó a los países a cumplir con las normativas legales, especialmente aquellas que prohíben a los órganos administrativos violar o limitar los derechos políticos de la población. Según los estándares interamericanos, este tipo de sanciones solo pueden ser impuestas mediante una condena judicial en el marco de un proceso penal, lo cual no ocurrió en los casos de Machado y Capriles Radonski.
La condena internacional a estas inhabilitaciones también se ha manifestado por parte de varios países americanos, como Panamá, Guatemala, Chile, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, Argentina y Uruguay. Estados Unidos, la Unión Europea, Francia y España también se sumaron a los cuestionamientos tras la decisión del TSJ el pasado 26 de enero.
La CIDH hizo un llamado urgente a adoptar medidas para restablecer la separación e independencia del sistema judicial y los demás poderes públicos en Venezuela, con el objetivo de reconstruir la democracia y restaurar la confianza en las instituciones públicas.
