El gobierno de Nicolás Maduro ha dado un plazo de tres días a la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas (ONU) para abandonar Venezuela, lo cual ha generado rechazo y preocupación entre los partidos políticos y líderes del país. Esta medida ha sido calificada como un ataque al estado de indefensión en el que se encuentran los defensores de derechos humanos en Venezuela.
El partido Voluntad Popular (VP) ha expresado su rechazo a esta expulsión, señalando que la dictadura en Venezuela, que está siendo investigada por crímenes de lesa humanidad, busca evitar la supervisión de organismos internacionales que documentan las violaciones de derechos humanos en el país.
La excandidata a las primarias opositoras y presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, ha atribuido esta medida al hecho de que el gobierno de Maduro no quiere que se supervisen las violaciones de derechos humanos en Venezuela. También ha denunciado la detención de la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.
El dirigente de Primero Justicia (PJ), Juan Pablo Guanipa, ha calificado la expulsión de la oficina del alto comisionado como una grave afrenta a las víctimas de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Desde el exilio, Julio Borges, también dirigente de PJ, ha llamado a la comunidad internacional a tomar acciones para garantizar los derechos humanos y detener la represión en Venezuela.
El excomisionado del extinto gobierno interino, Miguel Pizarro, ha manifestado que el objetivo del gobierno de Maduro es apartar a cualquiera que denuncie las violaciones de derechos humanos en el país. Por su parte, el exministro de Comunicación, Andrés Izarra, ha instado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a pronunciarse sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
En resumen, la expulsión de la oficina del alto comisionado de la ONU en Venezuela ha generado rechazo y preocupación entre los partidos políticos y líderes del país, quienes denuncian el estado de indefensión en el que se encuentran los defensores de derechos humanos. Esta medida busca evitar la supervisión de organismos internacionales y aislar al país de la vigilancia internacional.
