El Partido Comunista de Venezuela (PCV) ha manifestado su rechazo ante la detención y desaparición forzada de la activista de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.
Este partido, crítico del gobierno de Nicolás Maduro, también ha condenado las detenciones arbitrarias de dirigentes sindicales en el país por parte del gobierno de Miraflores.
En un comunicado emitido el lunes 19 de febrero, el PCV expresó su repudio a las detenciones arbitrarias que han tenido lugar recientemente en Venezuela, destacando el caso de la desaparición forzada temporal de Rocío San Miguel.
A pesar de las diferencias ideológicas con San Miguel, el PCV cuestionó la incomunicación en la que estuvo la defensora de derechos humanos, quien finalmente pudo reunirse con su hija el domingo 18 de febrero, tras casi una semana en detención.
Detención de Rocío San Miguel
Rocío San Miguel fue detenida el 9 de febrero cuando intentaba salir del país por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Fue presentada en tribunales el 12 de febrero, luego de casi tres días en desaparición forzada, un delito considerado como crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma.
Tanto el Ministerio Público como el gobierno de Miraflores rechazaron esta categorización, y el fiscal designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, mencionó que esta fue una de las razones por las que se suspendieron las actividades de los funcionarios de derechos humanos de la ONU en el país.
El PCV ha denunciado históricamente las prácticas que vulneran las garantías constitucionales y legales en Venezuela, especialmente contra dirigentes sindicales y trabajadores que luchan por sus derechos laborales o denuncian corrupción.
Expulsión de la Oficina de DDHH de la ONU
Además de condenar la detención de Rocío San Miguel, el PCV también ha expresado su rechazo a la decisión del gobierno de suspender las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la expulsión de sus funcionarios del país.
Según el PCV, esta instancia de la ONU se encarga de reportar violaciones a los derechos humanos cometidas por los Estados, por lo que consideran que no corresponde a esta oficina opinar o actuar ante denuncias de conspiración contra el gobierno, que a menudo se utilizan para justificar detenciones y amenazas.
El PCV ha alertado que la decisión de suspender las actividades de la Oficina de DDHH de la ONU en Venezuela envía un mensaje de impunidad por parte del gobierno, lo que podría resultar en una vulneración de las garantías fundamentales de la población venezolana.
