Las jefaturas de las cátedras de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela (UCV) han presentado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) el 1 de abril. En su comunicado, expresan su preocupación por la parcialización del Consejo Nacional Electoral (CNE), la intervención del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en las reglas electorales venezolanas y la crisis de legitimidad en el país debido al «irrespeto a la voluntad popular».
En un informe de diez páginas, los profesores detallan las violaciones sistemáticas de los derechos políticos en Venezuela, especialmente de cara a las elecciones presidenciales programadas para el 28 de julio de 2024.
Argumentan que las actuales circunstancias no ofrecen las condiciones electorales mínimas necesarias y que, si persiste la situación que impide la inscripción de la candidatura presidencial de Corina Yoris, las elecciones del 28 de julio no serán consideradas legítimas.
Según los profesores, la crisis política en Venezuela se debe al irrespeto a la voluntad popular, derivado del control institucional absoluto que ejerce el Gobierno sobre el Poder Judicial (TSJ) y el Poder Electoral (CNE), lo que impide la imparcialidad en la resolución de conflictos políticos.
Qué solicitan los profesores
Los docentes piden a la Comisión que tome en consideración las graves violaciones a los principios democráticos esenciales, como los establecidos en la Carta Democrática Interamericana, y que clasifique la violación de los derechos políticos de los venezolanos como una situación estructural de inconvencionalidad, según el artículo 59.6.d de su reglamento.
Entre los factores que respaldan esta clasificación se encuentran la grave crisis institucional que afecta el ejercicio de los derechos políticos y las omisiones significativas en la adopción de medidas necesarias para garantizar el disfrute de los derechos fundamentales y el cumplimiento de las decisiones de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Además, los profesores tienen la intención de presentar el informe a la Secretaría General de los Estados Americanos para transmitir a la Asamblea General la recurrente violación de los derechos políticos de los venezolanos por parte del Estado y el constante desprecio a las decisiones de los órganos del Sistema Interamericano y sus principios fundamentales.
Por qué no hay condiciones
Los líderes de cátedra recuerdan que las irregularidades en el proceso electoral venezolano han sido criticadas por diversos organismos internacionales, incluidos la Unión Europea, la Cancillería de Brasil, la Cancillería de Colombia y el presidente de Francia, quienes han destacado el incumplimiento del Acuerdo de Barbados.
Afirman que no existe un CNE verdaderamente independiente que supervise eficazmente a los órganos electorales subalternos y que el TSJ usurpa funciones legislativas, interviene en la dirección de partidos políticos y confirma inhabilitaciones.
La inhabilitación de María Corina Machado y la posterior impedimento de inscribir a su sustituta no solo viola los derechos políticos de ambas mujeres, sino también los de millones de venezolanos que se quedaron sin opciones electorales para elegir al presidente.
Otro factor que obstaculiza la realización de un proceso electoral justo y transparente es la marcada parcialización del Consejo Nacional Electoral y las acciones para impedir el ejercicio del derecho político a elegir y ser elegido, así como el debilitamiento del sistema de partidos democráticos, según lo expuesto en el informe.
Además, los profesores denuncian que la Contraloría General de la República también interviene e inhabilita a las organizaciones políticas, y señalan la ausencia de un espacio claro y efectivo para el debate público que esté libre de manipulación, presiones, censura y control por parte del gobierno.
