Tras la detención del asesor legal de Vente Venezuela, Perkins Rocha, su esposa, María Costanza Cipriani de Rocha, ha manifestado su preocupación por el paradero de su esposo. En un intento por obtener información sobre su situación, se dispone a realizar la primera búsqueda en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
Cipriani de Rocha exige la liberación de su esposo, y denuncia la impunidad con la que el régimen detiene a personas. Enfatiza en que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, y hace un llamado a la liberación de Rocha, así como de los más de 1.500 detenidos, incluidos los adolescentes y los dirigentes de Vente Venezuela.
Incidentes recientes
La esposa de Rocha relata que la última conversación con su esposo fue el 27 de agosto, cuando manifestó su deseo de ir a la playa por su cumpleaños. Horas más tarde, su hijo la alertó sobre la detención de su padre en Las Mercedes. Según testigos, Rocha fue abordado por al menos diez sujetos mientras compraba medicinas en una farmacia y fue llevado a la fuerza, sin que se haya confirmado la identidad de los responsables.
En medio de estos sucesos, la vivienda de la familia en Chacao fue asaltada, y se sustrajeron computadoras, incluyendo la del vigilante del edificio. Cipriani de Rocha insta a que se haga justicia y advierte que todos los involucrados en la violación de los derechos humanos tendrán que rendir cuentas.
Esperanza en medio de la crisis
Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, desde Madrid, expresa su preocupación por la situación en Venezuela, donde incluso las publicaciones en redes sociales pueden ser motivo de detención. Pide a las autoridades información sobre su padre y exige una justificación para su arresto.
A pesar de la difícil situación, Santiago mantiene la esperanza de una pronta salida a la crisis política en Venezuela. Destaca el apoyo a su padre y a todos los presos políticos en el país.
Actualmente, según el Foro Penal, hay 1.674 detenidos en el contexto de las protestas postelectorales en Venezuela, incluyendo 107 adolescentes. Estos detenidos han sido acusados de terrorismo y trasladados a cárceles de presos comunes como Tocorón y Tocuyito.
