Transcurridos más de 50 días desde la celebración de las elecciones presidenciales en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha publicado de manera detallada los resultados del 28 de julio, generando incertidumbre en la población venezolana.
En la madrugada del lunes 29, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, anunció que, según sus proyecciones, Nicolás Maduro había sido reelegido con el 51,2% de los votos, superando al candidato Edmundo González Urrutia, que obtuvo el 44,2% de los sufragios.
El viernes 2 de agosto, el CNE emitió un segundo boletín que indicaba que, con casi el 97% de las actas escrutadas, Maduro había obtenido el 51,95% de los votos (6.408.844) frente al 43,18% (5.326.104) de González. Sin embargo, no ha presentado las pruebas que respalden estos números, como las actas de escrutinio o los resultados desglosados por centros, mesas y regiones.
El periodista especializado en asuntos electorales, Eugenio Martínez, ha señalado que la falta de transparencia en la publicación de los datos por parte del CNE dificulta la verificación de los resultados y cuestiona la legitimidad del proceso.
¿Violó el CNE la ley electoral?
La ONG Acceso a la Justicia ha advertido que el CNE no ha cumplido con la obligación establecida por la Ley Orgánica de Procesos Electorales de publicar los resultados detallados en la Gaceta Electoral en un plazo de 30 días después de la proclamación de los candidatos electos.
Desde la divulgación de los primeros resultados el día siguiente a la votación, el CNE no ha ofrecido nuevos datos, incumpliendo el plazo máximo de 48 horas para presentar resultados definitivos, según lo establecido por la ley. Además, no ha publicado los resultados parciales en su sitio web ni los ha difundido desglosados por estado, municipios y centros de votación, lo cual va en contra de la normativa electoral vigente.
Según Martínez, existen varias irregularidades en la actuación del CNE, incluyendo la falta de realización de auditorías esenciales para validar los resultados electorales. Esta falta de transparencia y cumplimiento de la normativa electoral ha generado dudas sobre la legitimidad de los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela.
