La Asamblea Nacional (AN) de 2020 aprobó en segunda discusión la reforma de la Ley Orgánica de las Comunas, en la que también se castigan las conductas que se consideren “fascistas y neofascistas”, con la remoción del cargo de vocero de estas figuras territoriales si incurren en este tipo de acciones.
La causal está prevista en el artículo 50 de la normativa, sancionada en sesión ordinaria de este 7 de noviembre en el Palacio Federal Legislativo.
“Los voceros integrantes del gobierno de la comuna podrán ser revocados con base en los siguientes causales: actuar de forma contraria a las decisiones tomadas por la asamblea de ciudadanos, incumplimiento de sus funciones por falta de rendición de cuentas, incurrir en malversación, apropiación, desviación de recursos asignados generados o captados por la comuna, dañar, alterar o destruir bienes de la comuna, archivos y material, incurrir en la promoción del odio, la intolerancia, la discriminación, así como posturas fascistas, neofascistas y expresiones similares”, reza el artículo.
Es decir, las consideradas conductas fascistas y neofascistas podrían no solo ser señaladas contra opositores al gobierno nacional sino entre las mismas filas del chavismo; en este caso, de quienes formen parte de una comuna. La revocatoria del mandato de los voceros, según el artículo 48, se puede solicitar ante el Consejo de Contraloría de la Comuna que deberá realizar una investigación y proceder, si es el caso, a la destitución.
El artículo 2 de la ley incorpora la “lucha contra el fascismo, neofascismo y otras expresiones similares” como parte de los principios que rigen la constitución, conformación, organización y funcionamiento de la comuna.
Contraloría sobre los privados
La AN de 2020 aprobó en el mes de abril la Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, propuesta por el gobierno de Nicolás Maduro, a la espera de la segunda discusión.
“Si usted no es fascista no se preocupe. Deben preocuparse los fascistas, neofascistas y los odiadores de siempre”, ha advertido el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, sobre la normativa contra el fascismo de 30 artículos.
Los conceptos de “fascismo” y “neofascismo” están también incluidos en la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales (falta promulgación), como causal de prohibición de registro, ahora en la sancionada Ley de Comunas (en segunda discusión) y todo indica que en la reforma de las leyes electorales, que promete el chavismo para antes del 15 de diciembre de 2024, para impedir que “fascistas” puedan ser candidatos en elecciones.
Defensores de derechos humanos como Rafael Uzcátegui, de Laboratorio de Paz, alertan que ambos conceptos encierran nuevas y serias amenazas desde Miraflores contra la disidencia, como preparación a una etapa de “mayor represión” a partir de enero de 2025, cuando advierten se instale un “gobierno de facto” en Venezuela.
Juristas venezolanos han advertido que las comunas no están previstas en la Constitución que establece en su artículo 16 que “el territorio nacional se divide en el de los estados, el del Distrito Capital, el de las dependencias federales y el de los territorios federales” y que “el territorio se organiza en municipios”.
Pero en el numeral 9 del artículo 4 de la reformada ley se consagra a la comuna Socialista como la “célula fundamental de conformación del Estado Comunal” (tampoco previsto en la Carta Magna), “constituida por los diferentes sistemas de agregación comunal, consejos comunales, comunas, ciudades comunales, federaciones comunales”.
El artículo 48 de la Ley de Comunas incluye, como parte de las funciones del Consejo de Contraloría de la Comuna, hacer contraloría social sobre las personas y organizaciones del sector privado cuyas actividades incidan o afecten el «interés social y colectivo» de la comuna.
Justicia de Paz Comunal
La plenaria también inició este jueves la segunda discusión del proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal, que solicitó el presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez, debe quedar sancionada en la próxima sesión.
El instrumento legal contiene las normas de organización y funcionamiento de la llamada justicia de paz comunal como jurisdicción especial del sistema de justicia que busca resolver conflictos comunitarios, familiares y los relacionados con el ámbito comunal en dichas instancias, mediante el arbitraje y la conciliación, en aras de preservar la paz y la convivencia.
El artículo 4 sancionado establece la elección por voto popular de hasta tres jueces de paz, con sus respectivos suplentes.
