El comité de derechos humanos del partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, ha levantado su voz de protesta ante el reciente allanamiento de la sede del comando de campaña en el estado Apure.
A través de su cuenta en la red social X, la organización política ha denunciado la intervención de lo que ellos llaman «cuerpos represores del régimen de Nicolás Maduro», tachando esta medida de ilegal.
«Este acto representa un nuevo intento de intimidación hacia la dirigencia política en la entidad. La sede ha estado inoperativa desde la arremetida del régimen durante el periodo postelectoral», expresó Vente Venezuela la noche del 7 de noviembre.
En Apure, se ha reportado el fallecimiento del dirigente de Voluntad Popular, Edwin Santos, quien fue encontrado sin vida el 25 de octubre tras haber estado desaparecido durante dos días.
Vente Venezuela exige cese de persecución
En contraposición, el gobierno, a través del director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, ha afirmado que la muerte del dirigente fue causada por un accidente de tránsito. Sin embargo, tanto el partido opositor como otros dirigentes políticos han catalogado este suceso como un asesinato del cual responsabilizan al gobierno.
Frente a esta hipótesis, el propio Rico mencionó que recibió la orden del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, de investigar a aquellos que promuevan esta teoría, ya sean políticos o medios de comunicación.
En relación al allanamiento, Vente Venezuela añadió: «Alertamos a la comunidad internacional sobre esta brutal persecución que continúa en la entidad. Exigimos el cese de la represión y la violencia en Venezuela».
El pasado 30 de octubre, también se denunció la detención de dos opositores: Marcos Castillo, miembro del comando de campaña en Apure, arrestado el 29 de octubre; y Miguel Granados, miembro del partido de María Corina Machado, detenido en Caracas.
Según cifras del comité de derechos humanos de Vente Venezuela, la cifra de dirigentes políticos y activistas detenidos asciende a 165 personas, la mayoría de ellas arrestadas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuando surgieron protestas en el país por el desconocimiento de los resultados oficiales que proclamaron a Maduro como ganador.
