La Asamblea Nacional del 2020 aprobó la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal, como parte de las leyes del poder popular que pretendía aprobar la mayoría del chavismo antes de que finalizara el año.
Esta ley regula la organización y el funcionamiento de la justicia de paz comunal como una jurisdicción especial del sistema judicial, destinada a resolver conflictos comunitarios entre personas naturales o jurídicas, familiares y aquellos relacionados con el ámbito comunal, a través del arbitraje y la conciliación, con el objetivo de preservar la paz y la convivencia.
Uno de los aspectos destacados de la ley es la elección por voto popular de hasta tres jueces de paz, con sus respectivos suplentes, que serán seleccionados entre los no electos en orden de votación.
No tolerar el fascismo y neofascismo
El artículo 18 detalla los requisitos para ejercer la función, como tener más de 25 años, no estar condenado por sentencia firme e inhabilitación política o administrativa, tener al menos tres años de residencia en el área territorial correspondiente, entre otros.
Se hace énfasis en mantener una conducta intachable y no promover el odio, la intolerancia, la discriminación, la traición a la patria, posturas fascistas, neofascistas y expresiones similares, ni desacatar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, entre otros aspectos.
Las causales de traición a la patria, actuar contra los símbolos patrios y otras conductas inapropiadas fueron introducidas por el presidente de la Asamblea Nacional del 2020, Jorge Rodríguez, para fortalecer los requisitos de los jueces de paz comunal.
El concepto de «fascismo» y «neofascismo» también está presente en otras leyes como la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales, la Ley de Comunas y se prevé en la reforma de las leyes electorales, con el objetivo de evitar que candidatos «fascistas» participen en elecciones.
Defensores de derechos humanos como Rafael Uzcátegui, de Laboratorio de Paz, alertan sobre las posibles amenazas que estos conceptos podrían representar para la disidencia en Venezuela.
«Adecentar el Poder Judicial»
Según Rodríguez, esta ley será crucial para mejorar el Poder Judicial y se debe garantizar su aplicación efectiva. Se destacó la importancia de evitar que otros órganos de justicia interfieran en las competencias de la justicia de paz comunal.
Entre las competencias de los jueces de paz se incluyen resolver conflictos de naturaleza patrimonial, aplicar ordenanzas municipales, recibir denuncias por violencia de género, entre otros.
El Poder Judicial, a través de la Escuela Superior de la Magistratura, se encarga de la formación y capacitación de los jueces de paz en materia de derechos humanos, los cuales deben completar esta formación antes de asumir el cargo.
Una comisión especial parlamentaria fue creada para revisar el marco legal del poder popular, que incluye 12 leyes, de las cuales se han aprobado 10, con el objetivo de consolidar un «estado comunal» que ha generado preocupaciones entre juristas por no estar previsto en la Constitución.
Es importante mencionar que la Ley de Ciudades Comunales está pendiente de su segunda discusión desde el 2021.
