La Asamblea Nacional del año 2020 aprobó la reforma parcial de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal como parte de un conjunto de leyes destinadas al poder popular que la mayoría chavista buscaba aprobar antes de que finalizara el año.
Un día después de la aprobación en segunda discusión el 12 de noviembre, el presidente Nicolás Maduro elogió los cambios en 18 artículos que, según él, permitirán avanzar en la territorialización del sistema de justicia y en el empoderamiento del Poder Popular. Este empoderamiento implica que los jueces de paz y la comunidad organizada en los Consejos Comunales liderarán la implementación de la justicia de paz en las comunidades, según explicó el diputado del Psuv, Carlos Mogollón.
Interés político
La nueva normativa de 48 artículos ha generado preocupación por la posible politización de la justicia de paz, cuyo objetivo es resolver conflictos a través de la conciliación en las comunidades o familias, en un momento de creciente represión política después de las elecciones presidenciales de julio de 2028.
La ley fue sancionada por primera vez en 2012 sin avances significativos en su implementación. El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, señaló que la idea de la reforma es que deje de ser una ley inactiva y que los jueces de paz tengan una autoridad real, protegida contra la interferencia de otros órganos del sistema de justicia.
Expertos señalan que la justicia de paz con el agregado comunal podría tener un enfoque político para aumentar el control social, lo que podría distorsionar su propósito original.
Desviación de propósito
La reciente reforma de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal ha sido criticada por distorsionar el contenido y finalidad de la justicia de paz, además de usurpar competencias constitucionales de los municipios. Esto podría llevar a la sustitución inconstitucional de los tribunales por parte de los jueces de paz.
Expertos también advierten sobre la posible partidización de la justicia de paz con el componente ideológico introducido por el gobierno, lo que podría afectar la independencia necesaria en la impartición de justicia.
Transformación radical
La reforma busca cambiar el sistema de justicia de paz para que no sea individual, sino un cuerpo colegiado entre los jueces de paz electos y la comunidad organizada, conocida como el comité de justicia comunal. Este sistema estaría bajo la rectoría de la Dirección de Justicia de Paz del Tribunal Supremo de Justicia.
Entre las competencias de los jueces de paz estaría conocer asuntos de naturaleza patrimonial, conflictos municipales, denuncias por violencia de género, entre otros. Sin embargo, la ampliación de competencias de los jueces de paz ha generado preocupación sobre su independencia y capacidad para resolver ciertos conflictos.
Partidización de la justicia
Expertos advierten que la introducción del componente comunal en la justicia de paz podría llevar a una mayor politización del sistema judicial, afectando su objetivo de resolver conflictos de manera alternativa y pacífica sin interferencias políticas.
