La Asamblea Nacional (AN) de 2020 ha aprobado recientemente una ley severa que castiga a aquellos que soliciten sanciones internacionales contra el gobierno de Nicolás Maduro como «traidores a la patria». Esta ley también se aplica a quienes apoyen o promuevan dichas medidas de alguna manera.
Según el chavismo, «el Estado tiene derecho a actuar» ante lo que consideran atentados contra la República y su población. Esto se traduce en la utilización de los mecanismos necesarios, como se establece en el artículo 6 de la normativa, para investigar y castigar a los responsables. Incluso los medios de comunicación radioeléctricos, electrónicos e impresos están sujetos a sanciones.
Expertos como Rafael Uzcátegui, codirector de la ONG Laboratorio de Paz, y Nelson Chity La Roche, abogado constitucionalista, alertan que esta ley establece una arquitectura jurídica para mantener un «gobierno de facto» que podría instalarse en Venezuela a partir del 10 de enero de 2025.
Aumento de la censura
Esta ley aumentará significativamente los niveles de censura y autocensura en el país, restringiendo la libertad de expresión e información que aún queda. Forma parte de la arquitectura jurídica para respaldar un gobierno de facto, junto con otras medidas como la multa e inhabilitación de abogados que presenten recursos ante el TSJ y la llamada ley de paz comunal, según Uzcátegui.
La ley contempla penas de prisión de 25 a 30 años para aquellos que soliciten, apoyen o promuevan sanciones internacionales, así como multas que pueden llegar a un millón de veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor establecida por el BCV. La inhabilitación política por hasta 60 años también es una pena accesoria.
Los medios de comunicación (radio, televisión, digitales, impresos y redes sociales) también pueden ser multados si se considera que difunden mensajes a favor de las sanciones. Se establece la revocatoria de la concesión y la prohibición de operar en el país como castigos adicionales.
Derechos comprometidos
Expertos como Nelson Chity La Roche advierten que esta ley es inconstitucional y compromete los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. La normativa viola la progresividad de los derechos establecida en la Constitución y deja espacio a la discrecionalidad en la aplicación de sanciones, según el abogado constitucionalista.
Esta ley, que impone penas de hasta 60 años, va en contra de lo establecido en la Constitución, que limita las penas privativas de libertad a un máximo de 30 años. Se considera una amenaza a la democracia y a la libertad de los venezolanos, según Chity La Roche.
La ley también prohíbe que aquellos que hayan participado en acciones que afecten la soberanía nacional se postulen a cargos de elección popular, lo que genera preocupación sobre la legitimidad de las elecciones futuras.
¿Qué sigue ahora?
Altos funcionarios del chavismo como Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez ya han condenado a dirigentes opositores como Maria Corina Machado, Edmundo González, Leopoldo López y Julio Borges por traición a la patria. Los juicios en ausencia a los acusados de violar la ley han sido aprobados en el artículo 18 de la normativa.
Diosdado Cabello ha declarado que «se acabó la impunidad» en relación con Machado, a quien tilda de «terrorista». La líder opositora promueve una transición política en Venezuela y ha sido señalada como una amenaza por el chavismo.
Según los expertos, la situación en Venezuela se torna cada vez más oscura, con el chavismo aferrándose al poder a toda costa. La legitimidad del gobierno de Maduro está en entredicho, lo que podría llevar a una usurpación de funciones y a la nulidad de sus actos según la Constitución.
