La reciente aprobación de la ley que regula a las organizaciones no gubernamentales (ONG), publicada en la Gaceta Oficial, se suma a otras medidas legislativas que evidencian la intención del chavismo de restringir la participación política de la oposición en Venezuela. La Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, en proceso de aprobación, junto con las reformas electorales en espera, apuntan a limitar el espacio cívico para la defensa de los derechos humanos en el país.
Una nueva normativa, la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, ha llamado la atención por su severidad al sancionar la solicitud y promoción de sanciones internacionales contra el gobierno de Nicolás Maduro. Este marco legal va más allá de las restricciones planteadas inicialmente.
Defensores de derechos humanos y consultores políticos han expresado su preocupación ante lo que consideran un ataque a la libertad de expresión y una posible consolidación de un «gobierno de facto» a partir del 10 de enero de 2025. La imposición de importantes multas y amenazas de cierre a medios de comunicación que difundan mensajes contrarios a las políticas gubernamentales ha generado inquietud en la sociedad venezolana.
La creación de esta nueva ley y su aprobación ha sido vista como un intento del régimen de Maduro de fabricar delitos para perseguir a líderes de la oposición. La normativa establece restricciones para aquellos que hayan respaldado sanciones internacionales, limitando su participación en cargos de elección popular y imponiendo duras penas, incluida la inhabilitación política por hasta 60 años.
Entre los señalados por el chavismo de promover sanciones se encuentran figuras destacadas de la oposición como María Corina Machado, Leopoldo López, Julio Borges y Juan Guaidó. La ley también contempla duras penas de prisión y multas para quienes incurran en acciones contra la soberanía nacional, así como juicios en ausencia para políticos en el exilio.
Además, la normativa incluye disposiciones para penalizar a los medios de comunicación que promuevan sanciones internacionales, con revocatoria de concesiones y multas millonarias. Este enfoque restrictivo hacia la libertad de prensa y de expresión ha generado críticas de defensores de derechos humanos y expertos en política.
En resumen, la Ley Bolívar del Psuv representa un paso más en el intento del gobierno de Maduro por consolidar su control sobre la sociedad venezolana, limitando la participación política de la oposición y restringiendo la libertad de expresión. Esta normativa, junto con otras leyes controvertidas, ha generado preocupación por el futuro de la democracia en el país y las posibles violaciones de derechos humanos que puedan derivarse de su aplicación.
