Durante la noche del jueves 26 de diciembre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que su gobierno solicitará la extradición de la diputada de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, a España. Maduro la acusa de «robo de activos» de Venezuela en el exterior, específicamente de la filial de la petrolera venezolana Pdvsa en Estados Unidos, Citgo.
En un podcast transmitido por el canal estatal VTV, Maduro señaló que Figuera y un grupo de exparlamentarios del período 2015-2021 se aumentaron un 40% una supuesta paga mensual, llegando a cobrar unos 10.000 dólares cada uno. Entre los mencionados por Maduro se encuentra el expresidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a quien calificó como un «bandido».
La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, describió a este grupo como una «banda de ladrones» que intenta mantener una antijuridicidad para robar los activos del pueblo venezolano, a través de una asamblea que, según Rodríguez, no existe.
En otro contexto, se conoció que la Asamblea Nacional de 2015 decidió prorrogar su mandato por un año más, a pesar de que su período constitucional era de 2015 a 2021. Esta decisión generó divisiones internas en partidos como Acción Democrática, Voluntad Popular y Primero Justicia. La extensión del mandato contó solo con el respaldo de Primero Justicia, mientras que otros partidos como Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo se oponían.
En cuanto a las movilizaciones previas a la toma de posesión presidencial de Maduro el 10 de enero, el mandatario anunció que habrá actividades «impresionantes» durante la semana, incluyendo manifestaciones en las calles. Estas movilizaciones forman parte de una serie de eventos programados hasta el 4 de febrero, fecha en la que se conmemoran los 33 años del fallido golpe de Estado de 1992 contra el Gobierno de Carlos Andrés Pérez, liderado por Hugo Chávez.
