El plan legislativo 2025, recientemente anunciado por el Parlamento con mayoría del chavismo el pasado martes 11 de febrero, tiene como objetivo abordar más leyes relacionadas con el poder popular y el Estado comunal. Este plan incluye la reactivación de instrumentos legales polémicos como la Ley contra el Fascismo y la Ley de Cooperación Internacional, la cual ha estado «congelada» desde 2023.
Además, la Asamblea Nacional (AN) se encargará de recibir y despachar la propuesta de reforma constitucional presentada por Nicolás Maduro, la cual posteriormente será sometida a referendo.
Sin embargo, defensores de derechos humanos han expresado su preocupación por una normativa en particular, la Ley de Cooperación Internacional, la cual, de ser aprobada, podría incrementar el control estatal sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG). Esta ley se sumaría a la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, vigente desde noviembre de 2024.
La Ley de Cooperación Internacional podría limitar la capacidad de las ONG de actuar de forma autónoma y libre, lo que ha generado preocupación entre los activistas. Por otro lado, se plantea la creación de un fondo de cooperación internacional administrado por el gobierno nacional, lo que podría resultar en un manejo discrecional de los fondos y en posibles restricciones a las organizaciones que aborden temas sensibles como los derechos humanos.
Por otro lado, se ha señalado que la ley contra las ONG podría ser utilizada para prohibir, suspender o eliminar aquellas organizaciones que participen en actividades de cooperación internacional que sean consideradas perjudiciales para la nación. Esta medida ha generado críticas por parte de defensores de derechos humanos y organizaciones internacionales.
En resumen, la aprobación de la Ley de Cooperación Internacional y otras normativas relacionadas podría representar un obstáculo para la labor de las ONG en Venezuela y limitar aún más el espacio cívico en el país. Los defensores de derechos humanos alertan sobre posibles consecuencias negativas de estas leyes en términos de libertad de expresión y acción de la sociedad civil.
