El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Nicolás Maduro, presentó el sábado 15 de febrero ante la Asamblea Nacional (AN) su propuesta de reforma a 80 artículos de la Constitución, originalmente impulsada por Hugo Chávez en 1999.
Maduro no reveló públicamente el contenido del documento presentado ante la AN en 2020, limitándose a ofrecer una visión general de los cambios propuestos. Sin embargo, sí adelantó que la reforma busca consolidar el modelo de Estado comunal, promover un nuevo modelo de desarrollo económico y convertir la Constitución en una herramienta «antifascista».
Según analistas consultados por Efecto Cocuyo, la intención de Maduro y su círculo cercano es adaptar la Carta Magna a una nueva etapa política, caracterizada por la instauración de un Estado autocrático y totalitario, que busca abolir a la oposición y concentrar el poder bajo la fachada de la participación popular.
La propuesta de una Constitución «antifascista» presentada por Maduro incluye la imposición de penas más severas para combatir amenazas fascistas y neofascistas, con la intención de dejar claro que dichas posturas no serán toleradas en el país.
Expertos advierten que esta reforma constitucional busca fortalecer el poder central en detrimento de las regiones, concentrando el poder en el Ejecutivo y debilitando las garantías constitucionales de alcaldías y gobernaciones. Se plantea un escenario en el que los Consejos Comunales, bajo el control del Psuv, gestionan recursos y servicios en comunidades desfavorecidas, generando un mayor control y limitando la participación ciudadana.
Maduro ha dado un plazo de 90 días a una comisión especial encabezada por el fiscal general, Tarek William Saab, para debatir y elaborar un proyecto definitivo de reforma constitucional. Esta comisión está integrada por figuras afines al gobierno, lo que refleja el alineamiento de los poderes públicos con la permanencia de Maduro en el poder, respaldado por la cúpula de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
La conformación de esta comisión especial para la reforma constitucional es vista como un paso más hacia la consolidación de un régimen totalitario en Venezuela, en el que la clase política dominante impone su poder sin permitir disidencia. Se plantea la eliminación de elecciones democráticas y la imposición de un sistema cerrado que refuerce el control del gobierno sobre la población.
