Kamla Persad-Bissessar, primera ministra de Trinidad y Tobago, dio por muerto el acuerdo que tenía ese país con Venezuela para la futura compra de gas natural extraído del campo Dragón, en el cual aún se llevan a cabo estudios por parte de la empresa Shell.
La mandataria también dio por zanjanda la operación conjunta del bloque Cocuina-Manakin, cuya concesión está en manos de BP.
El campo Dragón está ubicado en aguas del estado Sucre, muy cerca de Trinidad y Tobago, motivo por el cual desde hace años se acordó la explotación del yacimiento de gas natural para abastecer a las islas.
Shell tiene una concesión otorgada por Venezuela para la explotación durante 30 años y estaba previsto que la extracción de gas comenzara en 2027, aunque podría haberse adelantado a 2026.
Sin embargo, el proyecto se ha encontrado con un serio obstáculo: la posible revocación de licencias por parte de Estados Unidos.
En los últimos dos años, el proyecto mantuvo su marcha gracias a la política de licencias que benefició a distintas empresas multinacionales en sus proyectos conjuntos con Pdvsa. En concreto, el campo Dragón pudo avanzar debido a una medida emitida en octubre de 2023 durante el mandato de Joe Biden. Sin embargo, tras la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca han arreciado las sanciones contra Venezuela, al decidir dar por finalizadas las licencias vigentes.
En lo que respecta al campo Dragón, la licencia que le permite a Shell mantener las actividades de exploración, con miras a la futura explotación, vence en octubre de este 2025. Por ello, Shell ha aumentado sus esfuerzos en los últimos meses para determinar los puntos precisos de perforación antes de que venza la medida.
Por su parte, el proyecto de Cocuina-Manakin tiene otras características, ya que solo el bloque Cocuina se encuentra en aguas venezolanas, mientras que Manakin pertenece a Trinidad y Tobago. El plan conjunto había sido concedido a BP que consiguió en 2024 una renovación de la licencia de operaciones por dos años, de modo que, en teoría, podría mantener las actividades hasta 2026.
Sin embargo, no está claro si las licencias del Tesoro para ambos campos será revocada este mismo año o si mantendrá la concesión de BP, que como se mencionó vence en 2026. En todo caso, según Exclusivas Económicas, la primera ministra trinitense -quien ocupa el cargo desde mayo- dio por muertos ambos proyectos.
Esta decisión marca un viraje respecto a la posición que había mantenido su predecesor Stuart Young, quien hasta último momento en el cargo dijo que esperaba negociar con Estados Unidos y conseguir una extensión de las licencias.
Por cierto, fue Young quien dio a conocer en abril que el Departamento del Tesoro tiene pensado revocar la licencia relacionada con el campo Dragón. Concretamente, el 8 de abril, el para entonces primer ministro anunció públicamente que recibió una notificación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), indicándole que la licencia sería revocada. Esta había sido emitida el 18 de diciembre de 2023.
Ahora bien, la Ofac no ha oficializado esta decisión, aunque sí ha publicado medidas relacionadas con el gas venezolano. Apenas el 7 de julio de este 2025, la Ofac derogó la licencia general 40D que autorizaba la exportación de gas licuado (GLP) procedente de Venezuela.
La nueva acción permite a los compradores descargar GLP venezolano hasta el 5 de septiembre, solo si la carga y salida del buque se realizó antes del 7 de julio.
Nuevas alianzas en sustitución de Pdvsa
En ese contexto, siempre según el semanario Exclusivas Económicas, la nueva primera ministra de Trinidad y Tobago está urgida de encontrar quien reemplace a Pdvsa como futuro proveedor de gas. Sus posibles aliados podrían ser Guyana, Surinam y Granada.
El acercamiento a Guyana puede tener repercusiones más allá de lo concerniente al gas y extenderse a lo referente a la disputa territorial por el Esequibo.
Mientras que el anterior primer ministro mantuvo una postura que abogaba por una resolución consensuada de la disputa, su sucesora, Persad-Bissessar, apunta hacia apoyar a Guyana en su querella presentada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), tribunal que las autoridades de Venezuela dicen que no tienen competencia en el caso.
