La dirigente opositora María Corina Machado presentó este martes su “plan energético” para Venezuela ante empresarios del sector petrolero de Estados Unidos durante la conferencia CERAWeek, celebrada en Houston, Texas. En su exposición, planteó reducir la participación directa del Estado en las inversiones petroleras y limitar su rol al de regulador.
Machado en la CERAWeek: plantea “reducir la intervención estatal” en Venezuela para la industria petrolera
Durante su intervención, explicó que el Estado se enfocaría en establecer “incentivos” para la inversión “a largo plazo” y en garantizar la “transparencia” del sector. Aseguró que, bajo este esquema, existirían “reglas claras y estables”, con el gobierno encargado de “hacer cumplir los contratos y preservar esas condiciones en el tiempo”.
Machado sostuvo que Venezuela ha atravesado “casi tres décadas de destrucción, mala gestión y aislamiento”, pero afirmó que el futuro del país es “extraordinario”. Destacó que cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, las séptimas de gas natural y más de 30 de los 60 minerales críticos incluidos en la lista estratégica del gobierno estadounidense, además de una extensa trayectoria en producción energética.
En ese contexto, indicó que el país ha entrado en “una nueva era con un potencial de un orden de magnitud completamente diferente”. Recordó que actualmente la producción ronda el millón de barriles diarios (bdp), “menos de un tercio de lo que se producía hace 25 años”, y planteó que, con condiciones adecuadas, podría superar los 5 millones de bpd. Para ello, estimó que se requerirán inversiones superiores a 150.000 millones de dólares en la próxima década.
La dirigente también afirmó que, desde el 3 de enero —fecha en la que Estados Unidos ejecutó una operación militar que derivó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, actualmente detenidos en Nueva York— se han dado “pasos importantes” para reactivar el sector petrolero y “comenzar a abordar años de declive institucional y corrupción”. En ese sentido, agradeció los “esfuerzos iniciales” de la administración de Donald Trump y subrayó la relevancia de abrir una nueva etapa para el país.
“Lo que viene después, sin embargo, debe ir más allá. Sería y debería ser totalmente transparente, garantizado institucionalmente y diseñado para crear confianza a largo plazo, tanto para los inversionistas como para el pueblo”, dijo.
Machado explicó que la industria energética toma decisiones de inversión cuando existen tres elementos: disponibilidad de recursos, condiciones competitivas y un marco institucional adecuado. En este último punto, destacó la necesidad de una “arquitectura legal, fiscal y contractual” que proteja el capital durante décadas y genere “confianza para el inversor a largo plazo”.
Indicó además que su equipo ha elaborado un “plan integral” junto a expertos nacionales e internacionales del sector, así como con ejecutivos y especialistas técnicos de la industria.
Entre los principales planteamientos, destacó la reducción del rol del Estado en las inversiones petroleras, con el objetivo de abrir “completamente” el sector a la inversión privada. Señaló que el gobierno se “limitará a regular, promover incentivos y supervisar la transparencia”.
“El Estado venezolano se quitará de en medio y allanará el camino para dar las condiciones necesarias para que el sector —el sector de petróleo y gas en Venezuela— sea totalmente privado. El papel del Estado será estrictamente como regulador, creando incentivos para la inversión a largo plazo y supervisando que la transparencia se mantenga en todo momento”.
Asimismo, señaló que se contará con una “agencia de hidrocarburos independiente y autónoma”, encargada de la “supervisión y regulación del sector”, y reiteró que, por “primera vez”, se establecerían “reglas claras y de largo plazo”.
En cuanto a los inversionistas, indicó que podrían ser propietarios directos de la producción “desde la boca del pozo”, registrar reservas y acceder a contratos de 25 años, renovables por períodos iguales. Añadió que contarían con “protección plena de los derechos de la propiedad privada”, respaldada por arbitraje internacional y garantías legales.
Precisó que cualquier disputa se resolvería mediante mecanismos de arbitraje internacional y que los contratos serían “flexibles, adaptados a distintos proyectos, tecnologías y estrategias de inversión”.
Sobre el esquema fiscal, explicó que las regalías se mantendrían en 20 %, mientras que el impuesto sobre la renta partiría de 34 %, vinculado a los precios internacionales del petróleo. Aseguró que estas condiciones se fijarían al momento de la firma, sin posibilidad de cambios retroactivos, lo que, a su juicio, permitiría ofrecer uno de los esquemas “más competitivos del hemisferio occidental”..
También afirmó que las empresas operarían “con total transparencia y en pleno cumplimiento de los más altos estándares internacionales”. Reconoció que actualmente invertir en Venezuela implica una “prima de riesgo cercana al 25 %”, lo que limita la viabilidad de “proyectos a largo plazo”, y planteó reducir ese nivel para hacer más atractivo el entorno de inversión.
En materia operativa, señaló que se garantizaría una “generación de energía confiable” mediante inversiones en infraestructura y la apertura del sector eléctrico a la participación privada. Asimismo, prometió “servicios y logística de clase mundial”, junto con un marco de seguridad que proteja tanto al personal como a los activos.
Sostuvo que estas condiciones serían posibles en un contexto de “gobierno democrático”. Afirmó que la inversión energética requiere “estabilidad, reglas claras y confianza institucional”, y aseguró que ese es el mandato que, según dijo, otorgó la población en julio de 2024.
En ese sentido, planteó que una “transición democrática”, alineada con la hoja de ruta de la administración Trump, permitiría que ese “mandato sea honrado”.
“Venezuela celebrará elecciones libres y, cuando los venezolanos hablen de nuevo, reafirmarán lo que ya votaron; no una, sino dos veces: en las primarias y en la elección presidencial. Nuestra gente votará una vez más por los mercados libres, el Estado de derecho, poderes independientes, por los derechos de propiedad para la inversión, y por un futuro definido por el trabajo, el mérito, el crecimiento, la prosperidad y la oportunidad. Y añadiría: familias reunidas”, concluyó.
