El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Arreaza, afirmó este domingo que la delegación de la AN electa en 2015 no planteó el tema de los presos políticos durante el primer ciclo de conversaciones con el Gobierno encargado.
Arreaza asegura que la AN de 2015 «no planteó» el tema de los presos políticos en el diálogo
«En la mesa de diálogo no se planteó en ningún momento el tema de las personas privadas de libertad. Yo no lo escuché, no está en agenda, no sé si se presentará más adelante, pero en este primer ciclo en ningún momento se habló de ese tema ni fue planteado sobre la mesa por la delegación de la oposición», declaró durante una entrevista concedida a Venevisión.
Arreaza sostuvo que no se debe centrar la discusión en determinar si se trata de «presos políticos» o «políticos presos» y señaló que se han producido liberaciones de personas vinculadas, según dijo, con «altas conspiraciones militares».
El parlamentario indicó que, por medio de la comisión especial encargada del seguimiento de la Ley de Amnistía, se han recibido 15.037 solicitudes, de las cuales 8.743 obtuvieron una respuesta favorable.
De ese total, precisó, 314 personas se encontraban privadas de libertad. Las otras 8.429, explicó, estaban sometidas a procesos judiciales que se prolongaron durante años y que incluían presentaciones periódicas ante los tribunales.
Arreaza aseguró que las 8.743 personas beneficiadas obtuvieron «libertad plena» y que sus procesos quedaron eliminados, sin antecedentes penales, de acuerdo con la aplicación de la amnistía.
El diputado afirmó que los tribunales venezolanos continúan revisando los casos y consideró que se debe llegar a un «punto en el cual ya este no sea un tema».
No obstante, señaló que existen casos «muy graves» por hechos que calificó como «violaciones» de la Constitución.
«No podemos darle libertad a alguien para que salga a volver a atentar contra el Estado», sostuvo, al tiempo que planteó la necesidad de que exista un compromiso de las partes para no reincidir en acciones que puedan generar nuevos conflictos.
En ese sentido, Arreaza afirmó que el oficialismo reconoce que pudieron cometerse «errores», «excesos» o producirse «dilaciones» en algunos procesos y aseguró que existe disposición a reconocerlos y «pedir perdón» cuando corresponda.
Sin embargo, cuestionó que algunos sectores de la oposición no hayan asumido, según su criterio, una posición similar.
Arreaza reiteró que la Ley de Amnistía «sigue vigente» y que los tribunales continúan recibiendo solicitudes, aunque aseguró que estas son cada vez menos frecuentes.
El diputado también informó que las conversaciones de septiembre estarán centradas en asuntos relacionados con las garantías y los derechos políticos.
Entre los temas previstos mencionó la situación de los partidos políticos, la Ley de Partidos Políticos, la participación ciudadana y los mecanismos para garantizar la participación política «sin restricciones».
Asimismo, indicó que se ha planteado la necesidad de reformar normas vinculadas con el Poder Electoral, entre ellas la Ley Orgánica del Poder Electoral y la Ley Orgánica de Procesos Electorales.
Arreaza señaló que estos asuntos serán abordados «con mucha calma y detenimiento» y aseguró que la mesa continuará reuniéndose.
Contexto
Las declaraciones de Arreaza se producen después de que la dirigente opositora Dinorah Figuera afirmara que asumió el «compromiso de trabajar por la liberación de presos y perseguidos políticos», tras reunirse con familiares de personas privadas de libertad durante su visita al país.
Figuera afirmó que uno de los objetivos del encuentro era impulsar acciones para que «en los próximos días se vayan dando las liberaciones».
«Recibimos este respaldo con plena conciencia del significado que tiene para el restablecimiento de la democracia enarbolar la bandera de libertad», afirmó la dirigente en aquel entonces.
De acuerdo con el balance más reciente de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), hasta el 21 de agosto un total de 995 presos políticos habían sido liberados.
En un mensaje publicado en su cuenta en X, la PUD indicó que la cifra correspondía a los casos verificados hasta las 10:00 p. m. del 21 de agosto. Además, precisó que desde su último reporte logró verificar 105 excarcelaciones.
Insistió en que el proceso de liberaciones debe desarrollarse de manera “masiva, permanente, expedita, pública y transparente”, al considerar que solo la “voluntad política” puede garantizar la libertad de todos los presos políticos.
Asimismo, la plataforma resaltó que “nada justifica que aún permanezcan” más de 453 personas detenidas, “mientras la angustia y el dolor de los familiares de quienes aún permanecen privados de libertad siguen aumentando”.
«Igualmente hemos recibido información de nuevos casos de presos políticos que no habían sido denunciados por lo que procedimos ajustar el total de presos políticos que aún permanecen injustamente tras las rejas», concluyó.
El reporte se conoció después de que el Gobierno venezolano anunciara el 14 de agosto la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad para 131 personas detenidas.
Según el Ejecutivo, las medidas fueron acordadas por tribunales venezolanos a solicitud del Ministerio Público (MP), luego de revisar la situación jurídica de personas procesadas o condenadas por delitos contemplados en la legislación nacional.
Señaló que los casos evaluados estaban relacionados con hechos considerados «atentados contra la institucionalidad democrática, la paz y el desarrollo de la República».
