La ONG Acceso a la Justicia denunció este jueves que la destitución de Juan Carlos Delpino como rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte de la Asamblea Nacional (AN) constituye un incumplimiento de la ley vigente. Según la organización, la normativa establece que antes de cualquier proceso de destitución debe existir un pronunciamiento previo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
En un comunicado de prensa, la ONG señaló que los rectores electorales son considerados altos funcionarios del Estado con el privilegio del antejuicio de mérito, lo que implica que cualquier investigación penal o proceso judicial en su contra debe ser autorizado por el TSJ.
La organización manifestó su preocupación al destacar que el TSJ no emitió ningún fallo en contra de Delpino ni se le solicitó ninguna medida previa antes de su destitución por parte del Parlamento. Este hecho, según la ONG, evidencia la falta de separación de poderes en el país, ya que la AN habría interferido en las competencias del CNE, el TSJ y la Contraloría General.
Además, la ONG argumenta que la declaración de abandono de cargo es una competencia exclusiva del CNE y no de la AN, y que la destitución de Delpino carece de motivación y viola el derecho a la defensa al no ofrecer explicaciones claras sobre las causas de su remoción.
El pasado 17 de octubre, el Legislativo solicitó a la Fiscalía la apertura de una investigación penal contra Delpino, quien se encuentra fuera del país, por presuntos delitos como corrupción, traición a la patria y asociación para delinquir. Estas acusaciones surgieron tras las denuncias de Delpino sobre irregularidades en las elecciones presidenciales de julio, cuestionando la legitimidad del proceso electoral y la victoria proclamada de Nicolás Maduro.
