La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, emitió un memorando el miércoles con la intención de reinstaurar la pena de muerte a nivel federal y levantar la moratoria sobre las ejecuciones, aplicándose específicamente a inmigrantes indocumentados que cometan delitos graves.
Este memorando busca implementar una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que revoca la moratoria de ejecuciones federales impuesta durante la administración de Joe Biden. En julio de 2021, el entonces fiscal general, Merrick Garland, suspendió las ejecuciones que habían sido reanudadas durante el primer mandato de Trump después de 17 años, debido a un aumento significativo de casos.
El memorando de Pam Bondi revoca la orden de Garland y ordena al Departamento de Justicia de EE UU llevar a cabo las ejecuciones dictadas por los tribunales federales. Además, instruye a los fiscales a solicitar la pena de muerte en casos de delitos graves y con pruebas sólidas, siempre que sean legalmente elegibles para esta sentencia.
Según el documento, el asesinato de un agente de la ley o un delito capital cometido por un extranjero indocumentado en EE UU son circunstancias agravantes que justificarían la solicitud de la pena de muerte por parte del Departamento de Justicia, en ausencia de atenuantes significativos.
La política también incluye la solicitud de pena de muerte en casos de delitos capitales no relacionados con drogas cometidos por cárteles, organizaciones criminales transnacionales y extranjeros que ingresan ilegalmente a EE UU. Es importante destacar que la pena de muerte se aplicaría únicamente a inmigrantes en situación irregular acusados de delitos capitales graves, como asesinato, traición, genocidio, o el asesinato o secuestro de figuras importantes como congresistas, el presidente o jueces de la Corte Suprema.
En resumen, el memorando de Pam Bondi busca restablecer la pena de muerte a nivel federal, especialmente para inmigrantes indocumentados acusados de delitos graves, revocando la moratoria impuesta previamente y siguiendo las directrices establecidas por el presidente Trump y el exfiscal general Jeff Sessions.
