La controvertida deportación de venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798
Una jueza de un tribunal de apelaciones estadounidense declaró el lunes que Estados Unidos dio a los nazis un «mejor trato» durante la Segunda Guerra Mundial que a cientos de venezolanos deportados este mes por presuntos vínculos con pandillas.
El Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Circuito de Washington D.C. escuchó argumentos sobre cómo la administración Trump utilizó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a 238 presuntos pandilleros venezolanos a una megaprisión en El Salvador.
Durante una tensa audiencia de dos horas, la jueza Patricia Millett cuestionó el uso de la ley por parte del gobierno para deportar a los venezolanos sin posibilidad de impugnar las acusaciones.
«Había aviones llenos de gente», indicó. «Los nazis recibieron un mejor trato bajo la Ley de Enemigos Extranjeros que lo que ha ocurrido aquí».
Horas antes, un juez federal se negó a retirar una orden de restricción temporal que impedía que el gobierno de Donald Trump deportara a migrantes venezolanos invocando las facultades establecidas en tiempos de guerra.
El juez James Boasberg dictaminó que muchos de los deportados cuestionaban su afiliación a pandillas y se les debía permitir impugnar su expulsión.
El 15 de marzo, Trump proclamó que miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua estaban «llevando a cabo una guerra irregular» contra Estados Unidos, justificando su deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
Sin embargo, esa misma noche, el juez Boasberg decretó una suspensión de 14 días de las deportaciones bajo la proclamación, y ordenó verbalmente al gobierno que revirtiera los vuelos.
La Casa Blanca insistió en que era demasiado tarde, pues los aviones ya se encontraban en espacio aéreo internacional.
En una audiencia celebrada el lunes, los abogados del gobierno buscaron anular la orden de restricción original de Boasberg del 15 de marzo.
El abogado del gobierno, Drew Ensign, calificó la orden de restricción temporal de Boasberg de «totalmente sin precedentes» y argumentó que interfería con las facultades del presidente en política exterior.
Añadió que el gobierno «ciertamente disputa la analogía nazi» que dio la jueza Millett.
Las acusaciones provocaron un tenso intercambio entre Ensign y la jueza, quien argumentó: «Por supuesto que no hay precedentes, porque ningún presidente ha usado esto jamás».
«Podrían haberme recogido el sábado y haberme metido en un avión pensando que soy miembro del Tren de Aragua sin darme la oportunidad de protestar», añadió la jueza Millett, designada por el expresidente Barack Obama.
Afirmó que el gobierno no revisó cuidadosamente si los ciudadanos venezolanos eran realmente pandilleros antes de ser deportados.
Más tarde ese lunes, el «zar de la frontera» Tom Homan calificó la acusación relacionada con los nazis de «repugnante», según CBS, socio informativo de la BBC.
El juez de circuito estadounidense Justin Walker, designado por Trump, se mostró menos escéptico ante los argumentos del gobierno.
El panel de tres jueces no dijo cuándo se pronunciaría sobre el asunto.
Legislación controvertida
El gobierno de Trump mantiene que los venezolanos fueron «cuidadosamente investigados» y que se verificó su pertenencia a pandillas antes de ser trasladados a El Salvador.
Sin embargo, algunos familiares rechazaron esa acusación, y funcionarios estadounidenses reconocieron que «muchos» de los hombres no tienen antecedentes penales en Estados Unidos.
El lunes, antes de la audiencia, el juez Boasberg señaló: «Dado que los demandantes mencionados niegan ser miembros del Tren de Aragua, no podrán ser deportados hasta que un tribunal haya podido decidir sobre los méritos de su impugnación».
El juez señaló que la administración de Trump tiene la libertad de deportar a venezolanos mediante el proceso migratorio regular.
Las deportaciones han generado tensión entre la Casa Blanca y el juez Boasberg, quien declaró el viernes que nunca había escuchado a abogados del gobierno hablarle como lo habían hecho los abogados de la administración Trump.
«Investigaré a fondo si violaron mi orden, quién ordenó esto y cuáles serán las consecuencias», declaró el juez en una audiencia el viernes pasado.
Trump describió a Boasberg como un «desastre constitucional» a quien «no le importa que entren criminales a nuestro país».
La Ley de Enemigos Extranjeros otorga al presidente amplios poderes para deportar rápidamente a ciudadanos de una nación «enemiga».
Las deportaciones han sido criticadas por grupos de derechos humanos, que argumentan que la medida es ilegal porque Estados Unidos no está en guerra.
En declaraciones a Fox News el domingo, la fiscal general de Trump, Pam Bondi, defendió el uso que el gobierno hizo de la ley en tiempos de guerra para deportar a los ciudadanos venezolanos a El Salvador.
«Es una guerra moderna, y vamos a seguir combatiéndola y protegiendo a los ciudadanos estadounidenses en cada paso del trayecto», le dijo Bondi a Fox News.
