El Ministerio Público ha recibido ocho denuncias contra el Comité Directivo Nacional de la Cruz Roja Venezolana, según se indica en la sentencia Nº 1057 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
En respuesta a estas denuncias, el Ministerio Público ha iniciado una investigación (MP-155884-2023) y la ha asignado a la Fiscalía 34 Nacional Especializada en Protección de Derechos Humanos.
Como resultado de las denuncias, la Fiscalía ha realizado cinco entrevistas a testigos que coinciden en cinco puntos, entre ellos la presunción de «elecciones amañadas» para la selección del Comité Directivo Nacional de la Cruz Roja Venezolana, lo que ha permitido la permanencia de Mario Villarroel Lander como presidente durante más de 40 años.
El segundo punto en común mencionado por los entrevistados es el constante acoso laboral, intimidación, amenazas y coacción que sufre el personal de la Cruz Roja. Se menciona a Esther Pernía, gerente general, como la responsable de estas arbitrariedades, según consta en la sentencia.
Los entrevistados también han señalado el «uso irregular del 60% de los vehículos nuevos recibidos en los últimos 5 años, que son asignados a algunos miembros de la directiva y utilizados de forma personal para ir a la playa, restaurantes, conciertos, dejando a los voluntarios sin medios de transporte».
Los testigos también han mencionado que los recursos asignados a la Cruz Roja Venezolana son utilizados por el Comité Directivo para sus propios intereses, forzando la compra de bienes y el pago de servicios que no están contemplados en el presupuesto.
En relación a los malos tratos por parte de los directivos, uno de los denunciantes ha mencionado el caso de los trabajadores del hospital Carlos J. Bello, ubicado en la sede central de la Cruz Roja, La Candelaria, Caracas, quienes sufren constantes agresiones y vejaciones.
Otro denunciante ha mencionado un caso de pedofilia ocurrido en el oriente del país, en el cual se le pidió no darle visibilidad al tema debido a las influencias del director de zona involucrado.
Tanto las denuncias como las entrevistas son fundamentales en la demanda de protección de intereses difusos y colectivos presentada por el Ministerio Público ante la Sala Constitucional. El objetivo de esta acción legal es evitar el uso irregular de los recursos de la Cruz Roja Venezolana en perjuicio de los sectores más vulnerables de la sociedad venezolana que se benefician de su labor humanitaria.
La Sala ha aceptado este planteamiento y ha ordenado una reestructuración amplia y diversa de la Cruz Roja Venezolana mientras se investigan las denuncias recopiladas por la Fiscalía.
Los siete magistrados han dejado claro que desde la Sala Constitucional se respalda la vocación histórica de la República Bolivariana de Venezuela y su Gobierno, que han sido consecuentes en la integración y reconocimiento de la Cruz Roja Internacional y sus altos objetivos humanitarios en beneficio del pueblo venezolano.
