La población indígena de San Miguel de Betania, ubicada al sur de Bolívar, ha sido olvidada por las autoridades gubernamentales. A pesar de que los pemones y los arawakos tienen derecho legal a la tierra que ancestralmente ocupan, este derecho no ha sido garantizado. En este lugar, hay más familias que casas, y las infraestructuras existentes, como el ambulatorio y las escuelas, fueron construidas hace más de 20 años y se mantienen en pie a pesar del paso del tiempo y las difíciles condiciones climáticas.
Durante las últimas dos décadas, los gobernantes chavistas que han dirigido el estado Bolívar no han asegurado ni siquiera el derecho a la tierra para los pemones y arawakos. En caso de una emergencia en la comunidad, solo hay una doctora disponible en el ambulatorio. Si no hay insumos o medicamentos, que dependen de donaciones internacionales desde 2019, la única opción es viajar 139 kilómetros y tres horas hasta el hospital de Tumeremo, debido a las malas condiciones de la vía. San Miguel de Betania se encuentra a 318 kilómetros de Puerto Ordaz, siendo un recorrido de siete horas y media por la troncal 10 para llegar allí.
En el mismo eje donde se encuentra San Miguel de Betania, hay un total de 22 comunidades indígenas igualmente excluidas. Los gobernantes han utilizado esto como excusa para ignorar a esta población y no tomar en cuenta sus necesidades en el desarrollo de políticas públicas ni en la búsqueda de soluciones. Solo son recordados, en el mejor de los casos, durante las campañas electorales.
En cuanto a los servicios básicos, las estaciones de servicio no operan con regularidad, lo que obliga a los habitantes a comprar combustible en el mercado negro a precios elevados. Además, llevar gasolina en los vehículos implica el riesgo de decomiso en los retenes. Los precios varían de 1,5 a 2 dólares el litro, y a medida que se avanza hacia el sur, el costo y el pago se hacen en reales brasileros.
En San Miguel de Betania, solo existen dos escuelas para una población de 618 habitantes, una para preescolar y primaria y otra técnica. La primera fue construida durante el gobierno de Andrés Velásquez hace casi 30 años, y la segunda fue una obra conjunta entre Fe y Alegría y la comunidad. Desde entonces, no se han construido más escuelas y el mantenimiento se limita a pintura.
El ambulatorio de la comunidad fue construido hace 28 años y su mantenimiento depende de los habitantes o de organizaciones como Médicos Sin Fronteras, que brindan apoyo mensual con insumos y medicamentos. Sin embargo, desde 2019 no han recibido ayuda del Estado para este centro de salud. Unicef también realiza trabajos comunitarios en el área de maternidad e infancia.
Los habitantes de San Miguel de Betania demandan mejoras en el ambulatorio y en las escuelas, así como mayor atención en materia de salud y educación. También se enfrentan a la falta de viviendas, ya que hay un total de 105 casas para las 168 familias de la comunidad, lo que lleva a que varias familias vivan juntas en una misma edificación. Además, los servicios básicos como electricidad y agua son deficientes.
Los pemones y arawakos de San Miguel de Betania no son dueños legalmente de la tierra que ancestralmente ocupan, a pesar de que la Constitución establece que los territorios ancestrales son de los indígenas. Las autoridades exigen un documento que avale esta propiedad, lo que genera conflictos y riesgos para la comunidad. La falta de un título de tierra garantizado por el Estado venezolano pone en peligro sus derechos y su territorio.
En resumen, la población indígena de San Miguel de Betania ha sido olvidada por los gobernantes y enfrenta numerosas dificultades en cuanto a infraestructuras, servicios básicos y derechos territoriales. A pesar de tener derecho legal a la tierra que ancestralmente ocupan, su situación no ha sido garantizada y son excluidos de las políticas públicas y soluciones gubernamentales. Es necesario que se tomen medidas urgentes para mejorar las condiciones de vida de esta comunidad indígena.
