Las garantías electorales en Venezuela continúan sin avance, tres meses después de la firma del acuerdo político en Barbados el 17 de octubre de 2023. Uno de los ejemplos más destacados es el caso de la candidata opositora María Corina Machado, cuya inhabilitación aún no ha sido resuelta y no se ha establecido un cronograma para las elecciones presidenciales.
El mecanismo de revisión de las inhabilitaciones, anunciado antes de que expirara el plazo dado por Estados Unidos, fue considerado un avance por la delegación opositora y por los países acompañantes. Sin embargo, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia aún no ha dado respuesta a la demanda presentada por el equipo legal de Machado contra la sanción impuesta por la Contraloría General de la República. La defensa argumenta que Machado nunca fue notificada por el contralor y que esta acción administrativa afecta sus derechos políticos, lo que le impediría inscribirse como candidata para las elecciones presidenciales de este año. Además, la Sala no permite que los abogados de Machado accedan al expediente del caso.
Por otro lado, la SPA sí respondió al recurso presentado por el exalcalde Daniel Ceballos, lo que plantea la pregunta sobre si se producirán habilitaciones selectivas que favorezcan a candidatos menos populares.
En cuanto a las concesiones realizadas durante las negociaciones, se liberaron 16 presos políticos y 10 ciudadanos estadounidenses, según el registro de la ONG Foro Penal. Sin embargo, estas liberaciones fueron seguidas por nuevas detenciones, como la del dirigente de Encuentro Ciudadano Nelson Piñero y el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación en el estado Barinas, Víctor Venegas. Venegas no ha sido presentado ante los tribunales a pesar de que ha expirado el plazo de 48 horas establecido por la ley. Estas detenciones, junto con las liberaciones anteriores, encajan en un patrón que los defensores de los derechos humanos llaman «puerta giratoria».
Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro obtuvo un alivio de sanciones que le permite realizar transacciones temporales relacionadas con el sector de petróleo, gas y minería en Venezuela. También se acordó la liberación de Álex Saab como parte de un «canje humanitario» de presos políticos. Sin embargo, estas concesiones no se han traducido en garantías electorales hasta el momento.
A pesar de permitirse la realización de la primaria de la oposición el 22 de octubre de 2023, el Poder Judicial ordenó suspender «todos los efectos» de la elección en la que María Corina Machado resultó ganadora. Posteriormente, el Ministerio Público citó a los representantes de la Comisión Nacional de Primaria y a los presidentes de las juntas regionales de la primaria como «investigados», lo que llevó a la detención del presidente de Súmate, Roberto Abdul. Abdul fue posteriormente liberado como parte de la negociación con la Casa Blanca a cambio de Saab.
En cuanto a las garantías electorales contenidas en el acuerdo político, se propone que el proceso electoral presidencial se realice en el segundo semestre de 2024, se ejecute la actualización del Registro Electoral permanente, se realicen todas las auditorías previstas en el sistema electoral venezolano, se invite a misiones técnicas de observación electoral y se promueva un discurso público y un clima político y social favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo.
A la fecha, el Consejo Nacional Electoral no ha convocado nuevas jornadas de inscripción y actualización del Registro Electoral, ni se conoce el cronograma de las elecciones. Venezuela es el único país de América Latina que no tiene fecha anunciada para los comicios.
En resumen, las garantías electorales en Venezuela no han registrado avance significativo a pesar de la firma del acuerdo político en Barbados hace tres meses. La inhabilitación de María Corina Machado y la falta de un cronograma para las elecciones presidenciales son ejemplos claros de esta falta de avance. Además, las detenciones y liberaciones selectivas plantean dudas sobre la imparcialidad del proceso. A pesar de las concesiones realizadas durante las negociaciones, no se han traducido en garantías electorales concretas hasta el momento.
