La coalición de organizaciones civiles conocida como Foro Cívico ha exigido al Estado el respeto a los derechos constitucionales de Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, quien fue detenida el 9 de febrero en Maiquetía y vinculada por la Fiscalía a un supuesto plan conspirativo contra el gobierno de Nicolás Maduro.
El Foro Cívico expresó su repudio por la desaparición forzada y detención arbitraria de Rocío San Miguel, destacando que su detención carece de justificación de acuerdo con los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. Por lo tanto, exigen su inmediata libertad plena.
Además, la plataforma de organizaciones de la sociedad civil condenó que San Miguel lleve tres días desaparecida y exige información sobre sus condiciones de reclusión y estado de salud, así como la implementación de los mecanismos procesales correspondientes a las garantías constitucionales.
El Foro Cívico considera inadmisible la respuesta del Estado venezolano a las denuncias de desaparición forzada de la activista defensora de derechos humanos, ya que se limita a una comunicación informal del Fiscal General en la que se mencionan sospechas sin ofrecer información sobre la condición actual de San Miguel ni sobre acusación formal alguna.
El Foro Cívico también rechaza la campaña de desprestigio moral en redes sociales contra San Miguel, llevada a cabo por operadores identificados con el oficialismo, y advierte que esta campaña busca justificar la violación del estado de derecho implicada en su detención.
La detención de Rocío San Miguel se suma al patrón de criminalización, persecución y detención arbitraria de activistas sociales y políticos en Venezuela, así como a las restricciones al espacio cívico. Por lo tanto, las autoridades del Estado deben establecer el fundamento jurídico de su detención y aquellas que no cumplan con su obligación de presentarla ante el tribunal deben ser sancionadas penal y administrativamente.
El Foro Cívico hace un llamado a todos los actores nacionales e internacionales, especialmente a las instancias de protección de los derechos humanos, para exigir el cese de la persecución y criminalización de activistas sociales y políticos, el respeto al estado de derecho y la plena vigencia de los derechos humanos.
