Expertos de la sociedad civil, incluida la expresidenta de la comisión de primarias opositora de 2012, Carmen Teresa Albanes, han advertido sobre la posibilidad de que el gobierno de Nicolás Maduro, a través del Consejo Nacional Electoral (CNE), esté planeando llevar a cabo elecciones presidenciales «ilegítimas» en Venezuela, lo que podría resultar en un mayor aislamiento internacional y un aumento en la migración.
En un comunicado firmado por destacadas figuras como el exembajador ante Naciones Unidas, Milos Alcalay, Werner Corrales, Juan Pablo Olalquiaga y el exrector de la Universidad Metropolitana, Benjamín Scharifker, se hace un llamado a regresar al acuerdo de Barbados, modificar el cronograma electoral anunciado por el CNE y evitar que el chavismo logre reemplazar al liderazgo por el que la población está dispuesta a votar por un cambio, personificado en María Corina Machado.
Según el texto difundido el 11 de marzo, el desafío para los venezolanos es obligar al régimen a participar en unas elecciones que brinden garantías efectivas a la oposición, y no permitir que se sustituya al líder elegido. Se insta a la población a exponer claramente al régimen ante la nación y la comunidad internacional si intenta arrebatar esa elección al pueblo.
Cronograma de elecciones presidenciales «inaceptable»
Según los actores de la sociedad civil, la legitimidad del proceso electoral convocado por el CNE para el domingo 28 de julio está en seria duda, debido a la inhabilitación «inconstitucional» de la candidata presidencial y otros líderes políticos, la persecución política que ha llevado al encarcelamiento de miembros de Vente Venezuela, la organización liderada por Machado, y la existencia de otros presos políticos. También se mencionan los obstáculos que enfrentan millones de venezolanos dentro y fuera del país para inscribirse en el Registro Electoral o actualizar sus datos.
El cronograma electoral establecido por el CNE, ajustado a hitos de la historia del chavismo, es considerado inconstitucional e inaceptable por irrespetuoso de los derechos ciudadanos. Se cuestiona la participación de los rectores Aimé Nogal (exdirigente de Un Nuevo Tiempo) y Juan Carlos Delpino, vinculado a Acción Democrática (AD), en la aprobación de dicho cronograma.
Estas acciones demuestran que el poder político en Miraflores no contempla la posibilidad de ser reemplazado con este proceso electoral y busca crear una falsa percepción de que su mandato ha sido ratificado legítimamente.
Rechazo a la sustitución de la candidata
En el documento se rechaza la posibilidad de que la ganadora de las primarias opositoras sea sustituida por un candidato respaldado por el gobierno nacional, ya que esto significaría renunciar a la posibilidad de una transición democrática. Se señala que un liderazgo legítimamente respaldado no puede ser cedido, heredado o transferido.
También se critica a las élites económicas, políticas e intelectuales por ser presuntamente cooptadas por el poder político a través de extorsión, represión y sobornos, y se les insta a rectificar, ya que la historia juzgará duramente su colaboración con el gobierno actual.
