La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) está en vilo ante la posible validación de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, proclamados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que otorgaron la victoria a Nicolás Maduro con el 51,95% de los votos. Este escenario, de confirmarse, no solo sería un fraude electoral, sino un golpe a la Constitución venezolana, según advierten políticos y juristas de renombre.
Según abogados especializados consultados por Efecto Cocuyo, el único órgano con la facultad constitucional para supervisar todos los aspectos relacionados con los procesos electorales es el CNE, desde la convocatoria hasta la totalización de los resultados y su verificación a través de auditorías.
Al aceptar un recurso presentado por Maduro y llevar a cabo un «peritaje» de los resultados sin garantías de transparencia, el TSJ estaría incurriendo en una usurpación de funciones, lo cual se confirmaría con un fallo a favor de la continuidad del actual mandatario en el poder.
Violación a la soberanía popular
Según el abogado penalista y defensor de presos políticos, Eduardo Torres, la principal norma que se viola al desconocer la voluntad popular expresada el 28 de julio es el artículo 5 de la Constitución, ya que se atenta contra la soberanía popular. Esto, a su juicio, representa una conspiración para desestimar dicha soberanía, con usurpación de funciones del CNE por parte del TSJ y otras instancias del Estado.
Por su parte, las actas de votación publicadas por la oposición muestran que el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia, habría derrotado a Maduro con el 67% de los votos frente al 30% del mandatario.
En respuesta a estos datos, el Ministerio Público abrió una investigación penal por «conspiración», entre otros delitos, contra los responsables del portal resultadosconvzla.com. Esta situación ha generado una profunda crisis en el país, con acusaciones de fraude y manipulación de resultados electorales.
Implicaciones legales y políticas
Desde el punto de vista legal, el experto en derecho procesal y penal, Mauricio Camacho, sostiene que tanto el CNE como el TSJ han incurrido en acciones que podrían considerarse conspirativas y contrarias al orden constitucional. Esto plantea un escenario de incertidumbre política y jurídica en Venezuela.
Ante esta situación, el abogado penalista y defensor de derechos humanos, Joel García, destaca la gravedad de lo ocurrido, calificando la situación como un golpe de Estado que busca instaurar un gobierno de facto en el país. García enfatiza en que la solución a esta crisis no es jurídica, sino política, y requiere del apoyo de la comunidad internacional para garantizar el respeto a la voluntad popular y el cambio de gobierno.
Posibles acciones internacionales
En cuanto a la posibilidad de llevar la denuncia por fraude electoral a instancias judiciales internacionales, el abogado experto en derecho internacional y diplomacia, Mariano de Alba, sugiere que la oposición venezolana debe buscar el respaldo de gobiernos regionales para lograr una verificación imparcial e internacional de los resultados electorales.
Por otro lado, se destaca la importancia de documentar y denunciar las violaciones de derechos humanos cometidas durante la represión postelectoral, lo cual podría ser utilizado como evidencia en un eventual caso ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.
