En un enérgico discurso ante la plenaria, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, amenazó con la inhabilitación política de por vida a aquellos que respalden la denominada «ley Bolívar», aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y en general a las sanciones internacionales contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Rodríguez denominó a esta propuesta como «Ley Especial Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo», la cual contemplaría, de ser aprobada, la «inhabilitación perpetua». Esto significa que aquellos señalados no podrán aspirar a cargos públicos por el resto de sus vidas. También se contempla la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio (confiscación de bienes) y la posibilidad de juzgar a las personas acusadas de manera remota.
Abogados constitucionalistas consultados expresaron su preocupación por el uso indebido de las inhabilitaciones políticas en Venezuela, sin que se respete el debido proceso, y advirtieron que la propuesta de Rodríguez es inconstitucional.
«Ninguna sanción puede ser de por vida»
«Ninguna sanción puede ser de por vida. No existe en Venezuela ningún fundamento normativo, constitucional o de otro tipo que justifique esta propuesta», afirmó Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Apitz resaltó que la Constitución establece en su artículo 44 que la pena máxima en Venezuela es de 30 años de cárcel y que no pueden imponerse penas perpetuas o infamantes, lo que hace que la propuesta de inhabilitación perpetua viole el espíritu de la Constitución.
La pena accesoria no puede ser superior
Gustavo Manzo enfatizó que cualquier sanción debe atenerse al máximo de 30 años que establece la Constitución como pena máxima, y que la pena accesoria no puede exceder ese límite.
En defensa de su propuesta, Rodríguez citó el artículo 65 de la Constitución, destacando que quienes respalden sanciones internacionales podrían ser condenados a 30 años de prisión y a una inhabilitación política perpetua como pena accesoria.
Atenta contra la libertad de expresión
Rodríguez advirtió que no aceptará excusas en la elaboración del proyecto de ley que debe ser presentado para su primera discusión el jueves 21 de noviembre, y posteriormente ser sancionado el martes 26 de noviembre.
El diputado Carlos Mogollon preside la comisión especial designada para elaborar la propuesta de la normativa, la cual quedó instalada el miércoles 20 de noviembre en el Palacio Federal Legislativo, contando con la participación de otros parlamentarios.
Contra opositores
Rodríguez declaró que la nueva ley Bolívar busca juzgar y condenar a opositores como Juan Guaidó, Julio Borges, Leopoldo López, María Corina Machado y Edmundo González por traición a la patria. Estos dirigentes ya cuentan con inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, lo que ha generado críticas sobre la reducción del campo político en Venezuela y la violación de derechos humanos.
Apitz resaltó que las inhabilitaciones contra opositores han sido impuestas sin una sentencia condenatoria de un tribunal penal por delitos de corrupción, lo que demuestra que son medidas para castigar a la disidencia política.
